PALMA DE MALLORCA. El tribunal de la Audiencia de Palma que le sentenció en primera instancia le ha citado para entregarle personalmente la orden de ingreso en prisión entre las 9.00 y las 14.00 horas, al igual que a los otros dos condenados a penas de prisión: Diego Torres, exsocio del cuñado del rey, y el expresidente de Baleares Jaume Matas.
El marido de la infanta Cristina tendrá que enfrentarse al que parece el último trámite de su periplo judicial en el día en que su esposa cumple 53 años.
El Supremo ratificó ayer la condena inicial de la Audiencia por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absolvió de falsedad en documento público, con lo que rebajó en cinco meses la pena de privación de libertad.
Urdangarin deberá pagar en total algo más de un millón de euros si se suman las multas y las indemnizaciones a las que resulta condenado.
Las magistradas que juzgaron en Palma el caso Nóos le ordenarán hoy que entre en la cárcel en un plazo que, según el criterio habitual, oscila entre los 5 y los 15 días, en función de las circunstancias del reo.
El Supremo considera probado que Urdangarin se benefició de la malversación de 450.000 euros procedentes de las arcas del Govern balear, fondos que fueron pagados a Nóos "pese a no haberse producido" la contraprestación o, en otras palabras, pese a que "los servicios que correspondían a esos pagos no se habían llevado a cabo".
Urdangarin fue inductor y cooperador necesario de esta malversación, sostiene el tribunal, que cree "acreditado" que "a través de su amistad" con Diego Torres, "y la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien entonces era Jefe del Estado, consiguió mover la voluntad" del presidente balear Jaume Matas para obtener contratos. Por lo tanto, también cometió tráfico de influencias.
Además, para ocultar los fondos o para poner en práctica sus planes, cometió delitos de fraude y contra la Hacienda Pública, dice la sentencia.
Iñaki Urdangarin, a quien cabe la posibilidad de presentar al Constitucional un recurso de amparo que, en principio, no paralizaría el cumplimiento de la condena, podrá ingresar en la prisión que elija.
La normativa penitenciaria establece que cualquier persona condenada en firme que se encuentre en libertad podrá acudir con el mandamiento a cualquier prisión de España, donde tendrá que ser acogido obligatoriamente.
Cualquier instalación penitenciaria tendría la obligación de acoger a Urdangarin, aunque la dirección de la cárcel puede proponer mandarle a otro centro si lo considera necesario para salvaguardar la seguridad del interno.
