Gasteiz - Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuando cese el Gobierno que ha nombrado al fiscal general del Estado éste también deberá dejar su cargo. Así pues, una de las primeras tareas que debe tomar el Gobierno de Pedro Sánchez será nombrar una nueva persona para un cargo clave. Desde que Sánchez fue ayer elegido presidente por el Congreso, Julián Sánchez Melgar ejerce como fiscal general del Estado en funciones a la espera de que Sánchez designe a su sucesor, toda vez que se antoja improbable que el líder del Ejecutivo mantenga en su puesto a un fiscal nombrado por Mariano Rajoy.
Fuentes próximas a Melgar explicaban ayer que el fiscal general recibió la noticia del cambio de gobierno con normalidad y sin que le causara sorpresa alguna, pues ya el jueves el panorama político se había despejado y, con él, su futuro al frente de la Fiscalía General del Estado. Apenas ha estado seis meses en el cargo, y previsiblemente retornará como magistrado a la sala de lo Penal del Supremo, donde se instruye la causa por el procés. Se da la circunstancia de que el propio Melgar asumió la dirección de la acusación en ese proceso al ser nombrado fiscal general en diciembre de 2017 tras la muerte de su antecesor, José Manuel Maza.
De hecho este será el principal asunto que deberá manejar el próximo fiscal general, cuya llegada coincidirá probablemente con la confirmación del procesamiento de los principales investigados y la posterior apertura del juicio oral.
Al margen de esta cuestión, Pedro Sánchez, quien apenas ha profundizado en su programa de Gobierno, sí tiene claro que una de sus prioridades será la de derogar parte sustancial de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley Mordaza, ya que cuenta con los apoyos parlamentarios para ello.
En concreto, el próximo presidente del Ejecutivo quiere acabar con aquellos artículos que permiten la expulsión de extranjeros en la frontera “de forma arbitraria” (las conocidas como devoluciones en caliente) y con los que “limitan desproporcionadamente” los derechos de reunión, manifestación y la libertad de expresión e información. Esta reforma está ya en trámite en el Congreso de los Diputados mediante dos proposiciones de ley, una del PNV y otra del propio grupo socialista.
Otra materia que está sobre la mesa es la posible reforma del Código Penal en varios sentidos. Por un lado, la derogación de la prisión permanente revisable, una iniciativa impulsada por el PSOE, entre otras fuerzas políticas, frente a la posición del PP y de Ciudadanos, partidarios de endurecerla. Y, por otro, el nuevo Ejecutivo debe decidir si mantiene los trabajos para la revisión de los delitos sexuales encomendada por el ministro de Justicia saliente, Rafael Catalá, tras la polémica desatada por la sentencia de la Manada. - Efe
