iruñea - El final de ETA anunciado desde hace semanas para la próxima semana no está propiciando la desaparición de imputaciones de terrorismo a personas que, presuntamente, han protagonizado actos de sabotaje, desórdenes públicos o agresiones. En los últimos meses, la Audiencia Nacional está calificando sus acusaciones con este tipo penal con mucha facilidad, ya sea para la agresión en un bar de Altsasu de varios jóvenes a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas, o para acciones de sabotaje por parte de los Comité de Defensa de la República (CDR) catalanes.
A estos se suma ahora el de los cuatro jóvenes de Errenteria a los que la Audiencia Nacional les juzgará por “desórdenes públicos terroristas”, por su supuesta participación en los disturbios ocurridos durante una manifestación en Iruñea el 11 de marzo de 2017. Se les imputa supuesta participación en los disturbios provocados por el grupo autodenominado Errepresioari Autodefentsa, en los que se arrojaron piedras contra la Policía española, se reventó un cajero y se dañaron comercios y contenedores. En los incidentes participaron varias decenas de jóvenes, de los que una gran parte iban encapuchados. Tres de ellos fueron detenidos y permanecieron encarcelados hasta el 7 de noviembre del año pasado. El cuarto no ingresó en prisión por ser un menor de edad.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal los juzgará a los cuatro los próximos días 21 y 23 de mayo, según dio a conocer ayer la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para cada uno de ellos siete años de prisión y otros 5 años de libertad vigilada, así como el pago de los 30.000 euros por los daños causados... Los cuatro acusados ofrecieron en su día un pacto al fiscal pero fue rechazado por el juez.
El caso de Altsasu y este de Iruñea no solo coinciden en el tipo penal que la Audiencia Nacional les imputa. También la jueza que se ha ocupado de la instrucción y el fiscal que ejercerá en ambos casos son los mismos. La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela asumió la investigación de estos incidentes después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea se inhibiera al apreciar que se cometieron delitos terroristas en el casco viejo de la ciudad durante la “Manifestación Nacional”.
Tras la inhibición del juez, la Audiencia de Navarra revocó esta decisión, por lo que tuvo que ser el Tribunal Supremo el que resolviera este conflicto de competencia, al igual que había ocurrido, solo unos meses antes, con la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu.
Además se da la circunstancia de que la acusación en el caso de los cuatro jóvenes de los incidentes de Iruñea la ejercerá el mismo fiscal que está ejerciendo en el caso de Altsasu, José Perals. Según el escrito del Ministerio Público, en el transcurso de la manifestación en la capital navarra el 11 de marzo de 2017 “un grupo de individuos con las tareas perfectamente distribuidas y que usaban guantes, embozados mediante capuchas y camisetas que ocultaban su rostro, actuando con el propósito de alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana, realizaron violentos incidentes de orden público y ataques perfectamente organizados y planificados contra las fuerzas de seguridad”.
El fiscal asegura que los cuatro acusados -Asier P. B., Rubén I .B., Endika E. M. y Julen P. G.- “participaron en estas acciones en el ámbito de la campaña de violencia (kale borroka) que estaba previsto desarrollar por el entorno de la izquierda radical abertzale y que había anunciado desde días antes”.
Cuando comenzó la manifestación, sobre las 18.30 horas, unas 400 personas se concentraron en la Plaza San Francisco de la parte vieja de la capital navarra y varios individuos la encabezaban portando una pancarta con la leyenda Errepresioari Autodefensa. Según el relato de la Fiscalía, en el transcurso de la marcha los asistentes gritaron consignas “Borroka da bide bakarra” (la lucha es el único camino), Gora ETA”, así como soflamas a favor de los presos vascos y encendieron bengalas y lanzaron petardos y cohetes. También “comenzaron a lanzar piedras de forma muy violenta contra policías uniformados así como contra establecimientos del lugar”.
EL COMUNICADO DE ATA El fiscal destaca que al día siguiente de la manifestación se publicó en la página de Internet amnistiaaskatasuna.blogspot.com un comunicado titulado difundido por el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión, también conocido como ATA, en el que mostraba su solidaridad con los detenidos y “atacaba a la Policía y a las fuerzas políticas legales”. Este colectivo es una escisión de la izquierda abertzale al que reprochan no solo haber abandonado la exigencia de la amnistía, sino que incluso haber plegado al Estado que han combatido.
11 de marzo de 2017. Se acusa a los cuatro jóvenes de supuesta participación en los disturbios provocados por Errepresioari Autodefentsa, en los que se arrojaron piedras contra la Policía española y se dañaron comercios y contenedores.
Petición de penas. La Fiscalía pide para cada uno de ellos siete años de prisión y otros cinco de libertad vigilada, y el pago de 30.000 euros por los daños causados.
Encarcelados. Tres de ellos permanecieron en prisión hasta el 7 de noviembre del año pasado. El cuatro no ingresó en la cárcel por ser menor de edad.
Mismo fiscal. La acusación la ejercerá el mismo fiscal del ‘caso Altsasu’, José Perals, que ha mantenido las penas para los ocho procesados por delito de terrorismo. También ha sido la misma la jueza que se ha ocupado de la instrucción, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
