madrid - Mariano Rajoy no tiene previsto conceder “ninguna ventaja” a ETA por desaparecer definitivamente y no contempla cambios en la política aplicada a los presos. El presidente español ha mantenido un perfil muy bajo desde el anuncio de la organización ya desarmada, y su primera valoración al respecto la ha realizado en un formato poco solemne, en una entrevista publicada ayer por el diario Última Hora Mallorca, donde avisa a los presos de que sus delitos “en ningún caso desaparecen” por la disolución de la banda.
Las declaraciones de Rajoy han trascendido poco después de que el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, apostara por reflexionar sobre la política aplicada en las cárceles. No es una posición novedosa ni es necesario bucear demasiado en la hemeroteca para encontrar declaraciones públicas de Sémper en el pasado reconociendo que, una vez disuelta ETA, el cumplimiento de las penas en cárceles alejadas de Euskadi quedaría desactivado. No obstante, sus últimas valoraciones han tenido una gran repercusión en la prensa de Madrid en puertas de que ETA haga oficial su desaparición en el primer fin de semana de mayo, y en los ámbitos más inflexibles se ha interpretado como una cesión o, incluso, como una contrapartida al PNV a cambio de que se preste a negociar los Presupuestos estatales. La consigna de ayer en el PP fue la dureza en materia penitenciaria y no dejar un resquicio para la especulación en este ámbito. Los populares se están viendo sometidos a un intenso marcaje por parte de Ciudadanos, que presiona a Rajoy en su pugna por hacerse con el liderazgo del centro-derecha; y también por parte de determinadas asociaciones de víctimas, que vinculan la concesión de cualquier permiso de salida o el acercamiento a cárceles vascas a que los presos colaboren para esclarecer los más de 300 atentados sin resolver, y a que exista un arrepentimiento.
La desaparición de ETA hace que se esfume el riesgo de reincidencia de los presos, lo que puede facilitar su salida del primer grado (el régimen penitenciario más severo, donde no es posible conseguir permisos de salida) y su acercamiento a cárceles vascas. El Gobierno español podría exponerse a un correctivo de los jueces si mantiene su posición. En ese contexto se produjo la llamada de Sémper a la reflexión, pero ayer el PP se conjuró para evitar que se interprete como una cesión.
Rajoy asegura en su entrevista que ETA “ha sido derrotada por el Estado de Derecho” y que “no consiguió ninguno de los objetivos que tenía, no ha obtenido ninguna ventaja por matar ni por dejar de matar, y no conseguirá ninguna ventaja por desaparecer”. “ETA tiene que desaparecer porque es el único camino que le queda tras su derrota operativa y policial, y en ningún caso desaparecen los delitos cometidos ni la responsabilidad por los mismos”, dijo Rajoy.
El presidente español también se pronunció sobre el reconocimiento del daño causado por parte de ETA, que ha pedido perdón a los civiles que han resultado muertos en sus atentados, pero no a los objetivos políticos de sus asesinatos, aunque dice lamentar lo sucedido. “Todas las víctimas han sido golpeadas por su barbarie, y es indigno que pretendan establecer distinciones entre unas y otras”, avisó Rajoy. El ejercicio de autocrítica que puedan realizar los presos también influirá en su situación en la cárcel. De momento, sus peticiones para acceder al segundo grado han sido rechazadas por la persistencia de ETA, pero también por no haber acreditado los reclusos su desvinculación de la organización ya desarmada.
“humillación” de las víctimas La coordinación en los mensajes que emitió ayer el PP fue absoluta y quedó clara la existencia de una consigna desde la dirección estatal. El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, tildó ayer el comunicado de “humillante” y de “ignominia” para las víctimas por separarlas en dos clases. “ETA no obtuvo ninguna contrapartida por matar, y no va a tener ningún tipo de cesión por dejar de hacerlo”, recalcó. Según dijo, no habrá ningún cambio en la política penitenciaria, ni tampoco ninguna modificación legislativa. Casado exigió a ETA que pida un “perdón sincero” a todas las víctimas sin distinciones, y defendió un relato de vencedores y vencidos. Desde la CAV, Alfonso Alonso descartaba en Onda Vasca que este asunto fuera a entrar en una hipotética negociación presupuestaria con el PNV.