pamplona - El Gobierno de Navarra asistirá el próximo sábado a la manifestación convocada en Pamplona en apoyo de los ocho jóvenes del municipio de Altsasu que van a ser juzgados por un delito de terrorismo tras agredir presuntamente en un bar de madrugada y en fiestas a dos guardias civiles y sus parejas. El Ejecutivo foral que dirige Uxue Barkos estará representado en la manifestación por su portavoz, María Solana, quien indicó ayer que el Gobierno navarro ha tenido en cuenta en su decisión la declaración institucional aprobada por el Parlamento foral el pasado lunes en la que llama a la ciudadanía a participar en el acto para pedir “justicia”.

Según añadió Solana, teniendo también en cuenta la actualidad en torno a este caso, con apoyos a los procesados desde diferentes ámbitos, el Gobierno navarro acordó asistir a esa manifestación para “reivindicar el respeto al principio de proporcionalidad”. “Una postura que hemos venido manteniendo a lo largo del tiempo porque creemos que la proporcionalidad colisiona frontalmente con una prisión preventiva de más de 500 días, y son numerosas las personas, agentes e instituciones, también europeas, que se han pronunciado en este mismo sentido”, manifestó la portavoz del Ejecutivo.

Asimismo, añadió que en la decisión del Gobierno que preside Barkos pesa por ello su “intención firme de ser garante en la medida que pueda serlo”. La manifestación está convocada por las familias de los detenidos y la plataforma Altsasukoak Aske Herri Plataforma bajo el lema Justicia. No es terrorismo. Dos días después está previsto el juicio en la Audiencia Nacional a los ocho procesados, que se enfrentan a una petición de 375 años de cárcel.

que se juzgue en pamplona Precisamente, los sindicatos ELA, LAB, ESK, CGT, EHNE y STEE solicitaron anteayer al Juzgado Decano de Iruñea que “interceda” ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que el juicio contra los acusados se celebre “en el juzgado natural correspondiente”, es decir, en territorio navarro y no en Madrid. Estas organizaciones sindicales remitieron un escrito por unos hechos que, en su opinión, “en ningún caso pueden ser considerados como terrorismo, tal y como se ha manifestado desde ámbitos locales, estatales e internacionales”. En este sentido, los sindicatos aseguran que “juristas de diversa ideología y procedencia han afirmado rotundamente que bajo ningún concepto se puede establecer que en los hechos acaecidos pueda derivarse que hubo delito de terrorismo”. Por eso creen que “se dan todas las circunstancias para que lo ocurrido se juzgue como un juicio de faltas”.

La supuesta agresión a dos guardias civiles y sus parejas se produjo en la madrugada del día 15 de octubre de 2016. - Efe