Barcelona - Josep Lluis Trapero, exjefe de los Mossos d’Esquadra, se unió ayer a la lista de personalidades políticas catalanas que ante los jueces españoles han renegado del cesado president de la Generalitat Carles Puigdemont. Así, se sumó a la postura mantenida con anterioridad, entre otros, por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o la representante del PDeCAT, Marta Pascal. En la declaración realizada ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, Trapero aseguró que trasladó hasta en dos ocasiones a Puigdemont la preocupación existente en los Mossos para mantener la seguridad ciudadana en la celebración del referéndum del 1 de octubre , aunque no se opuso a la celebración del mismo porque no está entre sus funciones, según explicaron fuentes jurídicas. Tras su comparecencia, la jueza le dejó en libertad sin fianza en contra de la postura de la Fiscalía que había pedido que se le impusiera una fianza de 50.000 euros.
El exjefe de la Policía autónoma catalana, citado a declarar en sede judicial tras ser imputado por un nuevo delito de sedición, precisó durante las más de dos horas y media de interrogatorio que se reunió a petición propia en la sede del Govern catalán los días 26 y 28 de septiembre con Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller del Interior Joaquim Forn, estos dos últimos en la actualidad en la prisión de Estremera. En esos encuentros expuso a Puigdemont que el procés soberanista debía quedar al margen de los Mossos y que ellos tenían la intención de cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ordenó el cierre de los colegios electorales para el día de la votación.
También relató a la magistrada que igualmente mostró el malestar del Cuerpo policial por la imagen pública que se estaba trasladando de que iban a facilitar la celebración de la consulta y de que formaban parte de un plan cuyo fin último era la declaración unilateral de independencia de Catalunya.
Defensa de los Mossos Las mismas fuentes explicaron que Trapero ya advirtió de la existencia de las reuniones en un escrito remitido a la magistrada Lamela el pasado 18 de diciembre. En aquella comunicación solicitó, además, que se llamara a declarar como testigos a todas las personas que participaron en las reuniones de septiembre y que son, por parte del Govern catalán, Puigdemont, Junqueras y Forn; y, por parte de los Mossos, su entonces número dos Ferrán López -en la actualidad maximo responsable del Cuerpo- y los comisarios Joan Carles Molinero, Manel Castellví y Emili Quevedo.
La magistrada, previa oposición de la Fiscalía, rechazó esta petición ya en enero debido a que, en el caso de la cúpula del Govern cesado, se trata de tres personas investigadas en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el procés, y de hecho Junqueras y Forn permanecen en prisión provisional por estos hechos. La Sala de lo Penal también rechazó esta diligencia.
Trapero, que mantiene su rango de major aunque no esté al frente de los Mossos, concretó que intentaron acatar las órdenes del TSJC de mantener cerrados los colegios aunque no pudo acreditar que se recogiesen listas de votantes de mesas electorales.
Preguntado por las cerca de 50 llamadas telefónicas que cruzó con el exlíder de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez el 20 de septiembre con motivo de los registros en la Conselleria de Economía, Trapero respondió que se realizaron por indicación del entonces conseller del Interior, Joaquim Forn.
La de ayer fue la tercera vez en la que el alto funcionario de la Generalitat acudía a declarar en el marco de esta causa en la que se investigan, por un lado los altercados ocurridos esos días de septiembre con motivo de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y, por otro, el dispositivo policial con motivo del referéndum del 1 de octubre.
En su auto de citación, la magistrada argumentó que le volvía a llamar a declarar por la imputación de un segundo delito de sedición al entender que existió un “plan premeditado” en los Mossos y una “total inactividad” para evitar la celebración del referéndum. Explicó en un auto que, “lejos de ello”, la actuación de los Mossos fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia.
Sin riesgo de reiteración Tras la declaración, la jueza dejó libre a Trapero porque ha acudido ante la Audiencia Nacional siempre que se le ha llamado, además de estar “cumpliendo escrupulosamente las medidas impuestas” en octubre, de retirada de pasaporte y acudir las comparecencias quincenales.
En el auto, la magistrada también criticó que la Fiscalía anunciara previamente en medios de comunicación su postura (pedir una fianza de 50.000 euros) “y aún así ha venido”. Por lo tanto, estimaba que no hay riesgo de fuga. Respecto al riesgo de destrucción de pruebas, Lamela señalaba que “la investigación está bastante avanzada y las diligencias no pueden verse comprometidas por la acción de Trapero”.
Asimismo, la magistrada de la Audiencia Nacional argumentaba en su escrito que Trapero “no ostenta el cargo, por lo que tampoco tiene la posición de mando dentro del Cuerpo que le permita favorecer la ocultación o destrucción de pruebas”. Asimismo, añadía que, aunque siga ostentado el cargo de major de los Mossos, ya no está en la jefatura y, por tanto, no tiene capacidad de decisión. - DNA
