madrid - La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emitió ayer un auto en el que imputa al major destituido de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero un nuevo delito de sedición por su actuación en el referéndum del 1 de octubre. Esta imputación se suma a la que ya le endosó por su labor en los incidentes del 20 y 21 de septiembre durante las protestas en las que miles de ciudadanos rodearon varios edificios de la Generalitat mientras estaban siendo registrados por la Guardia Civil y la Policía española. El que fue responsable policial durante la jornada del 1-O deberá dar explicaciones ante la jueza este próximo viernes por la “pasividad” de los Mossos a la hora de evitar la votación.

En el auto Lamela, que anuncia la posibilidad de imputarle también en el futuro un delito de organización criminal, concluye que la finalidad de Trapero estaba orientada “a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional”. La magistrada se abona así a la tesis expuesta hace escasos días durante su declaración por Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil que se encargó de dirigir las fuerzas de seguridad el 1-O, Mossos inclusive, en las que censuró que la pasividad de la policía catalana. “La actuación de los Mossos fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, relata en su dictamen la jueza que instruye esta parte de la causa del procés. Llega incluso a asegurar que se diseñó un “plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra, cúpula comandada por Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico”.

obstaculizar a las FSE Lamela considera que la policía autonómica fue utilizada para “controlar las acciones” de la Guardia Civil y de la Policía española el día 1 de octubre. “No hicieron nada para desalojar los colegios”, sostiene el auto, que concluye que no se adoptaron medidas para evitarlo, “ aún y cuando días antes se habían hecho numerosísimos llamamientos a los ciudadanos para que se ocupasen”. En lo que respecta al 1-O, añade que algunas actuaciones de los Mossos estaban orientadas a “obstaculizar la actuación de aquellas otras policías” y, en otros, “a increpar e incluso a enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil y Policía española”.

Lamela no solo apunta a Trapero, sino que también lo hace a su sucesor tras la activación del artículo 155, Ferrán López. Deberá comparecer dos horas después ante la magistrada, aunque en su caso lo hará en calidad de testigo. Asimismo, ha enviado un oficio a los Mossos a fin de que le informen sobre la forma en que se les comunicó el operativo, los agentes que participaron, las pautas de actuación o las órdenes recibidas.