E n los últimos años, ha cobrado peso en buena parte de la sociedad la tesis de que es necesario endurecer las penas del sistema judicial español. Casos mediáticos como el de los hijos de José Bretón, Marta del Castillo o, más recientemente, Diana Quer, han vuelto a poner en la palestra el debate sobre el alargamiento de las condenas, y la respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar: este mismo viernes el Ejecutivo español aprobó en el Consejo de Ministros ampliar los supuestos que contemplan la prisión permanente revisable. Sin embargo, expertos del ámbito jurídico cuestionan cómo está gestionando el PP esta materia, sin obedecer a criterios técnicos y guiándose únicamente con fines políticos para utilizarlo como arma arrojadiza contra sus rivales.

La prisión permanente revisable entró en vigor hace casi tres años, con el único apoyo del PP, que se valió de su mayoría absoluta de entonces en el Congreso para sacarla adelante con la oposición del resto de grupos de la Cámara, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana que también incluyó la polémica ley mordaza. Esta medida excepcional impide a las instituciones abordar la libertad de los reclusos hasta que hayan cumplido una gran parte de su condena, entre 25 y 35 años.

En un principio, la prisión permanente estaba pensada para aplicarla únicamente en delitos por terrorismo yihadista. Sin embargo, después ha incluido los supuestos de asesinatos con violación, muertes de menores de 16 años o personas en situación de vulnerabilidad, crímenes múltiples o homicidio de jefes de Estado. Y, tras la ampliación del viernes, recoge también delitos de secuestro con muerte, asesinatos con ocultación del cadáver, y uso de armas biológicas, químicas o nucleares.

Esta ampliación se produce cuando la cuestión ha vuelto al candelero tras el caso de Diana Quer y la recogida de firmas del padre de la víctima, que ha logrado más de dos millones de apoyos para que la prisión permanente revisable se mantenga en el ordenamiento jurídico. En este contexto, jueces y abogados advierten de que el Gobierno actúa en base a criterios electorales. Así lo cree el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, que critica al Ejecutivo español por “instrumentalizar” el dolor de las familias. “Hay dos planos diferentes. Uno es el plano emocional y los sentimientos de los allegados de las víctimas, que son inmensos. El otro plano es el Derecho, que es otra cosa y atiende a criterios racionales. En ese sentido, la respuesta que tiene que dar el Estado a estos problemas es una respuesta de Derecho, no de carácter emocional”, relata el magistrado en conversación con este diario.

En la misma idea incide la abogada penalista Ana Palacio, que lamenta el criterio seguido en la ampliación de la prisión permanente revisable y los “fines políticos” del Gobierno. “Si el Gobierno quiere ampliar la prisión permanente revisable a supuestos de extrema gravedad debería hacerlo de un modo más general. Por ejemplo, recogerla en los casos en los que se ha causado a la víctima un padecimiento inhumano. Pero lo que está haciendo ahora el Gobierno es prever supuestos muy concretos pensando en casos muy concretos, con el deseo de contentar a unas víctimas concretas”, explica a DNA. La letrada del Colegio de Abogados de Bizkaia defiende que a la hora de legislar “hay que hacerlo de un modo muy meditado y con una vocación de generalidad, pretendiendo abarcar todos los supuestos posibles”, cosa que en su opinión no hace el Ejecutivo de Rajoy.

Así, todo apunta a motivos políticos en la ampliación del pasado viernes. En sus últimos actos, el PP ha dejado entrever que la prisión permanente revisable se le antoja idónea para atacar a su principal rival en la derecha: Ciudadanos, que según las últimas encuestas amenaza con robar a los populares un buen trozo del pastel de votos. Por eso, los de Mariano Rajoy quieren marcar distancia con los naranjas en el ámbito judicial, ya que estos últimos se han mostrado dubitativos sobre si endurecer las condenas. El propio Rajoy acusó a Albert Rivera de caracterizarse “por la revisión permanente de sus principios”, en una conferencia organizada ex profeso para abordar la prisión permanente revisable.

Pero no se queda ahí la confrontación política. Este mismo mes se debate en el Congreso de los Diputados una iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente y, si Ciudadanos no se alinea finalmente con el PP, la Cámara podría tumbar definitivamente esta medida. El pasado mes de octubre los jeltzales ya lograron el apoyo mayoritario del pleno en una proposición no de ley para rechazar las condenas permanentes, que a su juicio no son más que un equivalente a la cadena perpetua.

a vueltas con la reinserción Los motivos principales de los críticos se basan sobre todo en la reinserción. Así lo argumenta el portavoz de Jueces para la Democracia: “Cómo se va a reinsertar un preso que sabe que va a pasar casi todo el resto de su vida en la cárcel, además teniendo en cuenta que el Estado español es de los más reticentes a conceder beneficios penitenciarios”. González Vega cree además que la prisión permanente revisable es contraria a la Constitución. Hay pendiente un recurso de inconstitucionalidad sobre la medida, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la validó, por lo que es prácticamente imposible que el Constitucional se pronuncie en contra.

La abogada Ana Palacio se muestra más favorable a la figura de la prisión permanente revisable, siempre que se cumplan determinados criterios. “Existe una cierta conciencia social de que se prevén penas duras para algunos delitos, pero luego no se cumplen y todo queda en agua de borrajas. Entonces, la prisión permanente revisable la puedo entender para supuestos de extrema gravedad”, opina. A su entender, la clave es que, cumplida una parte importante de la condena, “se proceda a su revisión” para que no se convierta en una cadena perpetua.

Desde 2015. El PP aprobó la prisión permanente revisable hace tres años valiéndose de su entonces mayoría abosluta y con el rechazo de los grupos de la oposición. En un principio, se planteaba aplicarla solamente en los delitos relacionados con terrorismo yihadista.

Ampliación. Sin embargo, en los últimos tiempos el Gobierno de Rajoy ha ido aumentando los supuestos en los que se aplica la medida y añadiendo casos como los asesinatos con violación, las muertes de menos de 16 años, los crímenes múltiples o el homicidio de un jefe de Estado.

Tres nuevos supuestos. Tras la ampliación del pasado viernes, la prisión permanente también se contempla para asesinatos con ocultación del cadáver, delitos de secuestro con muerte y uso de armas químicas o nucleares.