Barcelona - El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha autorizado a la Guardia Civil para que pueda acceder a las cuentas bancarias de todos los investigados en relación con la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre, tanto si son personas físicas como jurídicas. Así se recoge en una providencia dictada por el juez y fechada el pasado 16 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, concede la solicitud realizada por los investigadores de la Guardia Civil para acceder al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

De esta forma, los agentes podrán acceder a las “cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum del 1-O” con el objetivo de “determinar la existencia de posibles responsabilidades penales”.

La autorización del juez se extiende a las personas jurídicas, aunque no se precisa cuáles o si la autorización alcanza también a las asociaciones soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. En el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se encuentran en calidad de investigadas una veintena de personas, entre las que está el hombre de confianza de Oriol Junqueras, Josep María Jové, el exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, o el exjuez y exsenador Santiago Vidal, el hombre a quien se encargó la elaboración de la Constitución de la República catalana.

No obstante, Pablo Llarena, juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo contra el procés soberanista, rechazó el pasado 18 de enero la petición de Vox, personado en el procedimiento como acusación popular, para que requiriera al SEPBLAC toda la información recabada en relación al origen de los fondos manejados por la ANC y Òmnium Cultural para cubrir fianzas judiciales y otros destinos relacionados con el proceso independentista.

El magistrado del alto tribunal aseguró entonces que no procedía acordar la diligencia interesada por Vox. La petición se realizó como consecuencia de la denuncia que este partido político interpuso el pasado mes de noviembre directamente ante el SEPBLAC. - E. Press