MADRID - El Tribunal Constitucional tiene hoy en sus manos la decisión de permitir o no la investidura de Carles Puigdemont, un candidato votado por 924.000 catalanes en las elecciones de diciembre. El recurso llega a instancias del Gobierno español, y su principal baza no es un argumento jurídico. Quiere evitar la investidura del martes a las 15.00 horas con un formalismo: la potestad que tiene el presidente español para que las decisiones que impugna sean suspendidas de manera automática por el tribunal nada más admitir a trámite el recurso, mientras decide sobre el fondo del asunto. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Efe dieron prácticamente por hecha la admisión a trámite en la sesión de hoy, porque solo los recursos con defectos de forma son rechazados.

Por ello, se prevé que hoy mismo quede suspendida la investidura. El soberanismo estudiará entonces si deja correr las semanas hasta que el tribunal decida sobre el fondo, sin que exista garantía de que la sentencia sea rápida; o si propone un candidato alternativo y lo proclama el martes o miércoles, el plazo para un primer intento de investidura, o más adelante. La opción de la desobediencia se antoja menos probable.

La suspensión cautelar no es una sentencia ni prejuzga el resultado final de la decisión del tribunal, pero le basta a Rajoy para mantener congelada la investidura de Puigdemont, con la esperanza de que en las próximas semanas se proponga a otro candidato. No obstante, Madrid se puede dejar jirones en términos de imagen, porque parece inevitable que, tras el varapalo que le ha propinado el Consejo de Estado rechazando un recurso preventivo, se resquebraje la unanimidad del TC y haya votos particulares. Hay quien no descarta, incluso, que el TC rechace la admisión a trámite.

El Gobierno español hizo oídos sordos al Consejo de Estado y, en contra del criterio del órgano asesor, recurrió al tribunal con el argumento de que Puigdemont está en busca y captura. Lo hizo por su cuenta y riesgo tras la desbandada del PSOE que, una vez visto el varapalo del Consejo de Estado, evitó brindarle el apoyo que había comprometido Pedro Sánchez. C’s, que no fue consultado, guardó una distancia prudencial mientras espera hacerse fuerte en Catalunya. Se ha arriesgado con un recurso previo a la investidura, lo que ha generado muchas dudas jurídicas.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, mantuvo ayer la convocatoria del pleno porque el tribunal no ha tomado aún su decisión. Cuando exista una notificación oficial, los grupos soberanistas estudiarán una respuesta jurídica y política. Será entonces cuando se reabra su debate interno. Mientras tanto, los 34 diputados de JxCat, incluido Puigdemont, trataron ayer de parar la suspensión por dos vías: presentaron una demanda urgente ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros, y pidieron al Constitucional ser parte del procedimiento, presentar alegaciones y personarse. Argumentaron que no está descartado que Puigdemont vuelva desde Bruselas para ser proclamado.

¿habrá investidura? Si el Tribunal Constitucional admitiese a trámite el recurso y, por tanto, suspendiera hoy la investidura, se abriría un escenario muy complejo. El soberanismo podría decantarse por esperar la sentencia, para que el tribunal se pronuncie realmente sobre el fondo del asunto y diga si Puigdemont puede ser investido. De lo contrario, si JxCat y ERC buscasen un candidato alternativo y lo proclamasen president este martes, se expondrían a que meses más tarde llegara una sentencia favorable a Puigdemont, una situación muy difícil de gestionar. Además, no se puede descartar que JxCat presione para esperar la decisión.

No obstante, existe una duda trascendental sobre los plazos. En principio, los partidos tienen de límite hasta el miércoles para acometer un primer intento de investidura. En teoría, los grupos disponen de otros dos meses por delante para intentarlo y, después, el Gobierno español, con el artículo 155, podría volver a convocar unas elecciones, que serían en mayo. En circunstancias normales, el plazo de dos meses empieza a correr cuando se produce una primera votación. Se desconoce qué sucederá si no hay votación. La duda radica en si el soberanismo puede esperar la sentencia de manera indefinida sin temer nuevas elecciones, o si el plazo legal de dos meses para convocarlas empezará a correr. En ese caso, Catalunya se vería abocada a otras elecciones si la sentencia se demorase. Pero, si los plazos no corrieran, comenzaría un periodo de largo impasse e inactividad parlamentaria a la espera de la decisión judicial, con el autogobierno intervenido por Madrid.

Es imposible anticipar los plazos de la sentencia. Aunque está descartado que el tribunal entre hoy en el fondo del asunto, no sería excepcional que emitiera una sentencia exprés. Suele suceder en las cuestiones que tienen que ver con los procesos electorales. Basta recordar el caso de Bildu en las elecciones municipales y forales de 2011. El Supremo vetó su participación, y el TC revisó el caso y decidió en un solo día, justo a tiempo para que la izquierda abertzale pudiera participar en la campaña. Fue expeditivo con una decisión que, como el caso de Puigdemont, tuvo una trascendencia histórica y vino precedida de presiones.

¿sentencia rápida? Si la sentencia fuese contraria a Puigdemont, el escenario más pragmático pasaría por elegir a otro aspirante (otro miembro de JxCat, como la jefa de campaña, Elsa Artadi; o el vicepresident cesado, Oriol Junqueras, de ERC). La desobediencia entra en contradicción con los mensajes que han lanzado ERC y el propio Torrent, partidario de dejar atrás la pantalla de la vía unilateral; y supondría alargar la intervención del autogobierno y provocar otras elecciones. Torrent y los soberanistas de la Mesa, además, se expondrían a un delito de desobediencia. En el recurso de la Abogacía del Estado, de hecho, se pedía al TC que avise a Torrent y los demás miembros de la Mesa de las “consecuencias penales” en caso de no acatar la suspensión de hoy, como ocurrió con la expresidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

Si el TC, de mayoría conservadora, no admitiese a trámite el recurso, el varapalo abriría una crisis institucional de consecuencias imprevisibles en el Gobierno español. Ya se la ha jugado desoyendo al Consejo de Estado, y lo ha hecho, para más inri, después de que el PP criticara a los soberanistas por desoír a los letrados del Parlament sobre la investidura telemática. Puigdemont se vería catapultado a la investidura y podría someterse a la votación del martes sin ningún tipo de impedimento legal.

La discusión sobre la vía telemática y la validez de una investidura a distancia ha pasado a un segundo plano, aunque la sesión parlamentaria sería bronca con peticiones de reconsideración de C’s, PSC y PP, y el plante de todos ellos. En ese momento llegaría un nuevo recurso de Rajoy, pero a posteriori, con Puigdemont investido. Tampoco se descarta que regrese. Las fuerzas de seguridad del Estado están peinando las alcantarillas y los maleteros para evitar que llegue de incógnito.

El aparente paso en falso del Gobierno español ha provocado el cierre de filas del soberanismo en torno a Puigdemont. Se ha abierto una grieta en la posición del constitucionalismo y JxCat se ve fuerte para defender con mayor ahínco la investidura. Hasta hace poco había provocado las reservas de ERC por las dificultades que entraña la investidura a distancia desde Bruselas. Sin embargo, el contexto ha cambiado y no es el mejor momento para que los republicanos presionen de inmediato con un aspirante alternativo.