El letrado mayor del Parlament catalán, Antoni Bayona, afirmó ayer que el procés catalán ha provocado “una mayor injerencia” del Tribunal Constitucional “en un ámbito que debería estar más preservado”, el de las cámaras legislativas y su potestad para dictar sus propias normas a través de sus reglamentos. Bayona visitó ayer Gasteiz para pronunciar una conferencia sobre la protección de los derechos de los grupos minoritarios y sobre las reformas de los reglamentos parlamentarios en el Legislativo vasco, donde señaló que la doctrina emanada del TC a raíz de lo sucedido en Catalunya trascenderá al resto del autonomías.

Bayona recordó que los reglamentos de los parlamentos solo están limitados por el marco constitucional y estatutario, y en ese sentido señaló que “no debería haber ningún tipo de interferencia de otros poderes”. Cabe recordar que al letrado mayor del Parlament y al resto de juristas de la cámara catalana les ha tocado poner coto en los últimos dos años a las iniciativas de los grupos soberanistas atendiendo a los mandatos del Tribunal Constitucional. Los dictámenes de los letrados, que no son vinculantes, han sido puestos en tela de juicio por los partidos independentistas. “Llevamos un par de años trabajando mucho”, señaló al inicio de una charla a la que asistieron parlamentarios vascos y colegas de otras cámaras autonómicas, en el marco del seminario Reformas de los reglamentos parlamentarios que ha acogido esta semana la cámara de Gasteiz.

Bayona trató diferentes cuestiones a lo largo de su alocución, entre ellas la polémica que suscitan los diferentes ritmos de trabajo del Constitucional en función del asunto que se aborde. A juicio del letrado mayor, no es “habitual” que el TC reaccione con la agilidad que lo ha hecho en la cuestión catalana, pero enmarcó esta celeridad en lo excepcional del procés. En ese sentido, recordó que los magistrados del Constitucional deberán fallar en cuestión de escasos días sobre la impugnación de Puigdemont que persigue el Gobierno central (probablemente hoy), obligados por los plazos para la investidura, convocada para el próximo martes.

En relación a dicha impugnación, Bayona se posicionó con la opinión ya expresada por otros expertos, según la cual no cabe recusar a un parlamentario que no está inhabilitado de manera “preventiva”. A su juicio, la impugnación no tendrá “recorrido jurídico”.

El jurista resumió además estos años de intensa actividad en el Parlament, que desembocaron en la aprobación de las leyes de Referéndum y de Transitoriedad. “Todo ha acabado en el Constitucional y ha generado una doctrina”, señaló Bayona, según la cual las declaraciones meramente políticas no son ajenas al derecho y tienen efectos jurídicos.

La opinión de Bayona con respecto a la “injerencia” del TC en la actividad parlamentaria coincide con la expresada en el seno de la ponencia de Autogobierno por varios expertos juristas, como incluso la propia ex vicepresidenta del TC, Adela Asúa, quien señaló en septiembre que los magistrados “sienten el vértigo de sus decisiones”, pues el TC “tiene un poder contundente para anular leyes aprobadas por los parlamentos”.