el año 2017 ha sido un año judicial prolífico y, sobre todo, mediático, debido a que se han ido cerrando en los juzgados sumarios de corrupción como el caso Lezo, el del Instituto Nóos o la trama Gürtel.

Este último proceso pasará a la historia de la democracia por haber sido la primera vez que un presidente del Gobierno en activo acude como testigo a un tribunal. De esta manera, la presión social y la gran envergadura de la corrupción han provocado que hayan caído en desgracia personajes que se parecían blindados y desfilen por los tribunales nombres antaño impensables como Iñaki Urdangarin, Ignacio González o el propio Rajoy, aunque este último en calidad de testigo.

El 26 de julio, el presidente Mariano Rajoy pisaba los tribunales para responder a las cuestiones de la fiscalía y de la acusación sobre el funcionamiento de la tesorería del PP entre 1999 y 2005. El jefe del Ejecutivo español reiteró que sus funciones en el partido siempre han sido puramente políticas y no contables, y negó en todo momento que conociera la caja B reflejada en los papeles de Luis Bárcenas.

Es más, Rajoy tachó estos documentos de “absolutamente falsos”. Finalmente, el juicio de la primera época de la Gürtel quedó visto para sentencia en noviembre tras más de trece meses. Por él también han desfilado rostros conocidos de los populares como Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja.

Otro de los sumarios más relevantes del año ha sido el del caso Nóos, cuya sentencia se emitió el pasado 17 de febrero y supuso la condena de seis años y tres meses de prisión para Iñaki Urdangarin por prevaricación, fraude y dos delitos fiscales; mientras que la infanta Cristina de Borbón fue finalmente absuelta de los cargos de delito fiscal.

Ahora, está por ver si Urdangarin entrará en la cárcel. Todo depende de lo que resuelva el Tribunal Supremo, al que la Fiscalía ha pedido doblar su pena.

En los últimos doce meses también han estallado nuevos casos de corrupción como el de Lezo, en el que el principal implicado es el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por su gestión al frente de la empresa pública Canal de Isabel II. Este proceso aumenta la sospecha sobre las irregularidades en el PP madrileño que se ya se dieron a conocer con la trama Púnica, por la que Francisco Granados recibió recientemente una condena de dos años de prisión.

El caso Lezo investiga la supuesta comprar fraudulenta de filiales del Canal de Isabel II en Latinoamérica y ha provocado el ingreso en prisión de los principales implicados en la trama investigada, que en los últimos meses han ido saliendo progresivamente al abonar las fianzas.

Pero las intervenciones telefónicas del caso Lezo también sacaron a la luz la existencia de un vídeo en el que un empresario, Rafael Palencia, decía haber abonado sumas de dinero a la tesorería de Génova a cambio de diversas adjudicaciones. Esta revelación ha reactivado la causa sobre la supuesta caja B del PP, que instruye el magistrado José de la Mata. Ahora, el juez ha llamado a declarar en dicho sumario a Ignacio González, el exministro Eduardo Zaplana y a Javier López Madrid, el yerno del expresidente de la constructora OHL, Juan Ignacio Villar Mir, estos dos últimos procesados en Lezo.