El reconocimiento del derecho a decidir formará parte del trabajo de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco destinado a aprobar un nuevo estatus político para Euskadi. Así quedó establecido en la reunión de la ponencia de ayer por parte de la mayoría de grupos, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y con la oposición de PSE y PP. Este acuerdo se alcanzó después de que decayera la propuesta de la formación morada de separar el debate sobre el derecho a decidir del resto de contenidos de un renovado estatuto político, lo que contaba con el apoyo del PSE. Finalmente, Elkarrekin Podemos se sumó a PNV y EH Bildu y también apoyó que el derecho de autodeterminación se debata en el seno de la ponencia. Un giro que buscaba evitar que dicho derecho quedara fuera de juego, según fuentes parlamentarias consultadas por este medio.

En el encuentro de la ponencia cada grupo presentó sus correspondientes informes en los que constataban los puntos en común potenciales existentes para poder seguir avanzando en el diseño de un nuevo texto estatutario. Una vez compartidos, se acordó establecer una fecha límite, el próximo 31 de enero, para que los grupos pongan sobre la mesa una propuesta de reforma del Estatuto “con un encaje de estructura jurídica”, textos sobre los que debatirán de nuevo en febrero. Elkarrekin Podemos llevó a este foro su propuesta, compartida por los socialistas, de continuar los trabajos mediante dos mesas, una en la que se debata sobre la reforma del Estatuto y el blindaje de los derechos sociales y otra sobre el derecho a decidir. Sin embargo, y como ya se preveía, fue rechazada al oponerse el PNV y EH Bildu.

Por tanto, el desarrollo de la labor parlamentaria sobre un nuevo estatus político seguirá incluyendo el debate sobre el derecho a decidir, a lo que se sumó Podemos pese a su postura inicial. Una vez concluida la reunión, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, reiteró la propuesta de garantizar el reconocimiento de ese derecho a través de una “actualización” de los derechos históricos de Euskadi contemplados en la Constitución, algo que consideran que es viable “si existe voluntad política”. Además, recordó que su partido tratará de plantear “una definición compartida del pueblo vasco como sujeto político y del derecho a decidir como ejercicio pactado”.

Egibar recordó que 57 de los 75 parlamentarios de la Cámara de Gasteiz están a favor del derecho a decidir, por lo que instó a PSE y PP a realizar “un ejercicio de comprensión y de respeto” a esa mayoría y no escudarse en las mayorías que tienen ambos partidos en otras cámaras, en referencia al Congreso y al Senado. Agregó que las diferencias del PNV con los socialistas en torno al derecho a decidir “no ponen en cuestión” su pacto de gobierno porque el mismo les da libertad para defender sus respectivos planteamientos en la ponencia.

Derecho de veto La propuesta llevada por la formación jeltzale a este foro, dividida en once puntos, subraya coincidencias sobre todo con EH Bildu y Elkarrekin Podemos, en menor medida con el PSE y solo testimoniales en el caso del PP. En cuanto a la relación con el Estado español, el PNV aboga por un “sistema bilateral de garantías” basado en “el reconocimiento previo de ambas partes como sujetos políticos con capacidad suficiente para contraer acuerdos”. También plantea que la actualización del autogobierno se desarrolle “con respeto al principio de legalidad”, reconocer la “identidad nacional del pueblo vasco” y que el proyecto de reforma que apruebe el Parlamento Vasco sea sometido a “una consulta habilitante de la ciudadanía vasca” antes de ser elevado a las Cortes Generales.

El PSE, en una nota en la que no hacía referencia a la autodeterminación, reafirmaba su voluntad de lograr “un Estatuto fortalecido en lo social y que sea viable legalmente”. En un acto celebrado por la tarde, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, afirmó que “no queremos que las aspiraciones de una parte, la nacionalista, se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de los derechos de todos, no queremos nuevos muros”.

En el caso de EH Bildu, Maddalen Iriarte lamentó que el PSE y el PP traten de ejercer un “derecho de veto”, con unas intervenciones en la ponencia de las que “se colige” la posibilidad de que la intervención de la autonomía catalana realizada a través del artículo 155 de la Constitución pueda extenderse a Euskadi. Iriarte reprochó a ambas formaciones que “se excluyen del acuerdo”, y se mostró partidaria de que el nuevo estatus político garantice que “todas las opciones políticas puedan defenderse en igualdad de condiciones”. Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) advirtió de que el rechazo a su propuesta de desligar el debate del derecho a decidir del resto de cuestiones “liquida la posibilidad de un acuerdo amplio y transversal”. El portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, alertó de que la reivindicación del derecho a decidir pondrá en “grave riesgo” la convivencia y la estabilidad en Euskadi.