madrid - La Audiencia Nacional condenó ayer a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados por el chivatazo de un guardia civil que le advirtió que estaba siendo investigado por el pago de comisiones irregulares en la trama Púnica. Los magistrados de la Sección Primera castigaron al exdirigente del PP y al agente en excedencia, José Luis Caro Vinagre, al considerarles autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto y a José Manuel Rodríguez Talamino, el guardia civil protagonista de la confesión a Granados, por violación de secreto agravado.

El chivatazo produjo “un intenso” daño a la investigación de la operación Púnica. Tanto es así que el auto judicial deja bien a las claras que los delitos se consumaron porque la información confidencial llegó al investigado y cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, mientras que en el caso de Granados y de Caro obtuvieron notables ventajas por la revelación del secreto. En concreto, el soplo permitió que el exconsejero madrileño pudiera ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros, como luego se comprobó en los registros judiciales fectuados a la vivienda. Es más que previsible que Granados no tenga que pisar la cárcel, ya que la resolución recoge que se abona a los condenados el tiempo que han estado en prisión preventiva. El exdirigente del PP ingresó en la prisión de Estremera en octubre de 2014 y la abandonó el pasado mes de junio.

Los magistrados dan por hecho que Talamino conocía de la existencia de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Marjaliza, y así se lo hizo saber a Granados en las fiestas patronales de Valdemoro en 2014. Resultado de ello fue que los investigados pudieron destruir pruebas y ocultar dinero. “Granados obtuvo para sí mismo provecho económico y facilitó que Marjaliza se beneficiara. Caro buscaba el beneficio de su amigo Granados, así que este ocultó el dinero que poseía y procuró que Marjaliza hiciera lo mismo con el suyo”, exponen los magistrados, que no pasan por alto que consiguieron un “beneficio procesal” porque destruyeron fuentes de prueba “tan importantes” como los documentos del constructor.

documentos destruidos La sentencia recoge que Granados, para el que la Fiscalía pedía tres años de prisión, comunicó a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral en la que dijo que su exsocio le mandó quemar “en un día de niebla” todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Eboli de Pinto, entre ellos una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales. Tras el soplo hubo dos “consecuencias inmediatas”: la retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y la “adopción de cautelas” por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación. La sentencia precisa en este aspecto que se frustró la posibilidad de grabar a “concejales, asesores y exconcejales” que acudieron a su despacho.

El juicio, que se prolongó durante tres días a mediados de noviembre, fue el primero de la trama Púnica. El expolítico popular, cuyo letrado anunció ayer mismo que recurrirá ante el Tribunal Supremo alegando la nulidad de las escuchas al no figurar el delito de revelación de secretos en el auto que las autorizó, era un “personaje público de gran trascendencia y protagonismo en la Comunidad de Madrid”, según reza la sentencia. Esa posición le sirvió para ordenar la destrucción de documentos y dificultar de esta forma las investigaciones. - E.P.