madrid - El Gobierno del PP ha propuesto al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, de 62 años, como nuevo fiscal general del Estado, sustituyendo al fallecido José Manuel Maza, de quien era gran amigo. Impulsor de la doctrina Parot, que consistía en aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas al recluso y no sobre el máximo legal permitido, de 30 años de cárcel, el Ejecutivo español se asegura además una vía continuista en la organización del Ministerio Público y en los asuntos que tiene entre manos, como los procesos judiciales derivados del proceso soberanista.

Sánchez Melgar, natural de Palencia, es magistrado del alto tribunal desde 2000, después de haber ejercido en Cantabria y ser presidente de la Audiencia Provincial de Ávila. En el Supremo fue el ponente de la doctrina Parot, que obligaba a acumular las penas a delincuentes con varias condenas y que fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De perfil conservador, ha votado en algunas ocasiones con la corriente progresista, como en la llamada doctrina Botín, por la que el banquero no fue procesado al no haber contra él acusación particular ni de la Fiscalía. Con fama de prudente, encaja en la cintura política que buscaba el PP, sobre todo en relación a Catalunya, y es que de hecho formó parte de la Sala que admitió la querella por el procés.

Casado y con dos hijos, ingresó en la carrera judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Ha sido también hasta ahora en el Supremo juez suplente para el control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una labor que realiza el alto tribunal cuando hay que autorizar actuaciones del CNI como el pinchado de teléfonos o la entrada en domicilios. En sus más de 15 años en el alto tribunal también le tocó instruir la querella contra los tres jueces que excarcelaron al supuesto narcotraficante conocido como El Negro o la recusación de cinco magistrados por parte de Baltasar Garzón. Fue también ponente de la sentencia que rebajó la pena de multa al alcalde de Ponferrada (León), condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. La última causa destacada en el que ha participado es en el análisis de los recursos del caso Madrid Arena, del que es ponente.

Su nombre no se consensuó con el PSOE, que criticó que sea “un conservador que responde a los intereses de un Gobierno conservador”.