madrid - La jueza Lamela describe en su escrito un organigrama integrado desde el ámbito legislativo, ejecutivo y la sociedad civil. En este último punto se refiere al papel que juegan en el impulso independentista las entidades ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes están encarcelados, a su entender, “asesores ideológicos” y “brazo civil” del Govern en este proceso de desconexión de España. Su dos máximos dirigentes, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, están siendo investigados en esta causa junto al exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana por el delito de sedición. La magistrada recalca que todos los acusados forman parte de una organización que actuó para lograr la independencia de Catalunya alterando la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario. Afirma que se trazó una hoja de ruta diseñada tras los comicios autonómicos de 2015 que recogía el papel que debían jugar los acusados a través de un plan que incluía la convocatoria del referéndum del 1-O; y evoca que ignoraron los pronunciamientos del Constitucional en torno a esta cuestión, y que la actividad parlamentaria fue encaminada a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del procés.

En este contexto, Lamela otorga un rol protagonista a ciertos miembros del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y del Consejo de Diplomacia de Catalunya (Diplocat), y adjetiva como “esencial” el papel de los Mossos en el mismo. “Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos”, reza la magistrada, que concluye que se produjo una utilización ilegal de la Policía catalana al servicio de los intereses secesionistas no solo en los actos relacionados con la celebración del referéndum sino en el espionaje que se puso en marcha a miembros de la Policía y Guardia Civil con motivo del mismo.

uso de fondos públicos Lamela dice que las actividades que impulsó el Govern de cara al referéndum fueron, al menos parcialmente, financiadas con fondos públicos. Explica que, aunque la Generalitat haya señalado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente empleada, eso no implica que no se haya sufragado la jornada de votación con dinero público que en principio no estaba destinado a estos fines y al respecto precisa que la conseller Meritxell Borrás decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener dichos medios con que poder celebrar la consulta. - I. Santamaría