MADRID - José Manuel Maza ha sido uno de los fiscales generales del Estado más controvertidos. Reprobado por el Congreso de los Diputados, contó siempre con el apoyo del Gobierno del PP, en especial del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Nacido en Madrid el 23 de octubre de 1951, era licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid desde 1973. En 1976 ingresó en la carrera judicial y como juez prestó sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón (Madrid) y en el juzgado número 9 de Madrid.

En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento, el 23 de enero de 2002, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. José Manuel Maza fue elegido por 12 votos, frente a los ocho que obtuvo la hoy en día portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, para cubrir una vacante en la citada Sala.

En su calidad de magistrado del Supremo defendió la sentencia condenatoria para el exjuez Baltasar Garzón por entender que decidió investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía. Asimismo, votó en contra de otra sentencia que dejaba libre al miembro de ETA Iñaki Pujana por anulación de la doctrina Parot. Posteriormente emitió un voto en contra en la sentencia que confirmaba la absolución del también miembro de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, por un atentado en Denia.

Tras las elecciones generales de junio de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general y el día 25 de ese mes, el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento como fiscal general del Estado, una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial.

Reprobado por mayoría A José Manuel Maza siempre se le achacó su servilismo al Gobierno del PP, pese a que el fiscal general del Estado insistía una y otra vez en defender que la suya era una institución totalmente independiente del poder ejecutivo. No lo debió pensar así una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados que el pasado 17 de mayo aprobó la reprobación al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su “injerencia” en procedimientos judiciales en los que están investigados cargos públicos del PP. Además, la Cámara Baja, y a iniciativa socialista, reclamó por 207 votos a favor ante 134 sufragios en contra, correspondientes todos al Grupo Popular, la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones”, y del entonces fiscal anticorrupción, Manuel Moix. A ambos, cuyos nombramientos atribuyeron al ministro de Justicia reprobado, se les acusó de actuaciones tendentes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular investigadas en causas judiciales.

En especial, se cuestionó la actuación de estos tres cargos públicos en relación con el caso Lezo de corrupción política en torno a la empresa pública Canal Isabel II por el que acabó en prisión el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. También se puso en entredicho la actuación de Maza para proteger al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, quien finalmente se vio obligado a dimitir.

Igual de controvertido fue su proceder en la crisis catalana. Maza presentó las querellas en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y 13 exconsejeros del Govern por rebelión, sedición y malversación; y en el Supremo, por esos mismos delitos, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa de la Cámara catalana. -DNA