MADRID - La Comisión de Evaluación y Modernización del Estado autonómico echó ayer a andar en el Congreso de los Diputados con la ausencia de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, así como de Unidos Podemos. La crisis catalana y la aplicación del artículo 155 de la Constitución que suspende el autogobierno catalán ha provocado que, además de la formación liderada por Pablo Iglesias, los grupos parlamentarios del PDeCAT y ERC, así como el PNV y EH Bildu, no se sumen a este foro parlamentario impulsado por el PSOE, que lo acordó con el Partido Popular. Pese al pacto entre socialistas y populares, estos rebajaron ayer la expectativa de que esta comisión territorial pueda servir para abordar una reforma de la Constitución española, tal y como pretende el partido liderado por Pedro Sánchez.

Nada más quedar constituida la comisión, el PP advirtió de que no está entre sus objetivos la reforma de la Carta Magna sino, simplemente, lavar la cara al Estado autonómico. “A lo que viene la comisión es a hablar de la modernización y evaluación del Estado autonómico. Que nadie espere de nosotros otra cosa”, avisó el portavoz del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, quien puntualizó: “No venimos con la idea de reformar la Constitución”.

También el portavoz de Ciudadanos en este órgano, Ignacio Prendes, dijo llegar con “expectativas a la baja” a esta comisión, y criticó que se pretenda preparar “una pista de aterrizaje” a los secesionistas que “han dado un golpe a la democracia”.

Las afirmaciones de PP y Ciudadanos contrastan con la intención expresada por el presidente de la comisión, Enrique Serrano, en la sesión constitutiva, de plantear propuestas para mejorar y modernizar el Estado autonómico. Propuestas que, a juicio de Serrano, podrían exigir cambios en las leyes incluida la reforma de la propia Constitución.

La comisión, que fue planteada por el PSOE como antesala de la reforma constitucional, está integrada por 27 miembros. El jueves de la próxima semana, la comisión inicia su andadura con una primera reunión para diseñar aprobar en el plan de trabajo, en el que incluirán comparecencias de expertos. Entre ellos, está previsto que los primeros comparecientes sean los “padres” de la Constitución aún con vida: Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca, que podrían ir seguidos de los presidentes autonómicos.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en la comisión, Adriana Lastra, expresó su compromiso de comenzar a trabajar para “en seis meses empezar a preparar las conclusiones y abrir después la reforma de la Constitución”. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, desacreditó la comisión territorial por entender que “no es el momento más sensato” para ponerla en marcha, cuando los exconsellers de la Generalitat permanecen en la cárcel.

EUSKADI Y Catalunya El PNV ofreció un argumento parecido para no sumarse a la comisión, ya que, a juicio de Aitor Esteban, “el clima no es el adecuado para poder participar y para que pueda haber un avance inmediato”. El portavoz jeltzale se refiere a la situación de precampaña electoral en Catalunya y la aplicación del artículo 155. Pero, además, los jeltzales creen que este foro nace cojo porque, en principio, no aborda el modelo territorial del Estado y el encaje de Euskadi y Catalunya. En todo caso, el PNV mantiene la “puerta abierta” a participar en el futuro en este órgano.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, afirmó que la comisión no tiene recorrido “a no ser que sea en sentido negativo” y auguró que puede suponer una “regresión” del Estado de las autonomías.