gasteiz - El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, celebró ayer la decisión de la Audiencia Nacional de flexibilizar las condiciones de la condena de cuatro etarras acogidos a la vía Nanclares y recordó que esta medida es “legal”.
El juez de Vigilancia Penitenciaria acordó, con el visto bueno del fiscal, aplicar dichas medidas a Rafael Caride Simón (uno de los autores del atentado de Hipercor), Aitor Bores (liberado del “comando Araba”), Jorge Uruñuela (condenado por la quema de un concesionario y un cajero) y Luis María Carrasco (condenado por el asesinato del director financiero del Diario Vasco Santiago Oleaga).
Fernández explicó que la flexibilización de las condenas es “el desarrollo de un principio constitucional como es la reinserción, por lo que es algo legal y que se corresponde con lo que el Estado dice que hay que hacer en esta materia”.
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación recordó además que la denominada vía Nanclares, a la que se acogen etarras arrepentidos que han evidenciado su desvinculación de la banda y que se encuentran en la fase final del cumplimiento de sus condenas, ha estado “parada durante años”. A su juicio, sería preciso “analizar el motivo de ese retraso”.
Sobre la situación interna de ETA, Fernández señaló que “cualquier cosa que diga sería una especulación”, pero en todo caso remarcó su deseo de que la banda “se disuelva o desaparezca cuando antes”.
Fernández se pronunció así en el acto de apertura del congreso “Proteger a quien defiende”, organizado por el Comité de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Euskadi y el Colegio de Abogados de Bizkaia, y que trata sobre la responsabilidad de la comunidad internacional en la protección de los activistas de los DD.HH. - Efe
