pasado el primer sobresalto tras conocerse la decisión de la juez Lamela, el poderoso frente contra el independentismo catalán ha centrado su estrategia con sospechosa unanimidad en dos argumentos justificativos:

1.- Puigdemont, el fugitivo, el traidor, tiene la culpa de que el vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y seis miembros del Govern estén en la cárcel.

2.- España es un Estado de Derecho en el que existe realmente la división de poderes, así que ha sido la juez, y no el Gobierno, quien ha ordenado encarcelarles.

A estos dos razonamientos troncales se añaden, según el desparpajo o el enconamiento de sus valedores, el despectivo “¿qué se esperaban?”, o “el que la hace la paga”, o las diversas consideraciones sobre el gravísimo delito supuestamente cometido por quienes han pretendido romper España.

Sin embargo, la realidad es que a los más destacados arietes contra los independentistas catalanes, y me refiero a los dirigentes políticos de los partidos que apoyaron con entusiasmo el artículo 155 y a los más conspicuos creadores de opinión que lo avalaron, les sobrevino un escalofrío -¿culpable?- cuando la declaración ante la Audiencia Nacional de Junqueras y sus compañeros acabó en orden judicial de prisión incondicional bajo la acusación de rebelión, sedición y malversación. Como inquietud añadida, la orden internacional de detención contra el president Puigdemont y el resto de consellers que se encuentran en Bélgica. Los años de cárcel que pueden caerles a cada uno de ellos se cuentan por decenas.

He dicho que la decisión de la juez Lamela estremeció al frente contra los independentistas catalanes, pero lamentablemente ese estremecimiento no se debía al extremo rigor judicial con el que se castigaba a los dirigentes catalanes, sino por el nuevo escenario que se planteaba de cara a las elecciones convocadas por Rajoy para el 21 de diciembre. Ese frente -políticos y opinadores unionistas- se estaba felicitando por el presunto bálsamo social que había traído el 155, por la descompresión que parecían haber producido en la maltrecha sociedad catalana la destitución del Govern, la disolución del Parlament, la convocatoria de elecciones “democráticas” y el aparente funcionamiento normal de las instituciones bajo el virreinato de Soraya Sáenz de Santamaría. Pues, paradójicamente, la maquinaria judicial puesta en marcha por ese mismo frente volvía a poblar de nubarrones el presunto efecto balsámico del 155.

La jueza Carmen Lamela, echando mano del mismo Código Penal que el fiscal general José Manuel Maza, apela al anacrónico delito de rebelión y lo interpreta en el mismo sentido decimonónico que el de sedición. Una jueza conocida por su beligerancia contra cualquier supuesto exceso que ella interprete como independentista -de eso saben mucho en Altsasu-, y un fiscal general reprobado por la mayoría absoluta del Congreso español. Buena pareja de baile. Estos dos inquisidores han hecho una interpretación extrema del 155, tan extrema como la que hizo el propio Rajoy sobre un artículo constitucional difuso y sin más concreción que el impulso político del momento. El mismo impulso político que ha movido a Maza y a Lamela, por más que se empeñe el frente contra el independentismo catalán en apelar a la división de poderes que hace mucho tiempo dejó de ser real en España.

Una vez más, la politización de la justicia y la judicialización de la política han derivado en un atropello antidemocrático de consecuencias incalculables. El encarcelamiento del Govern legítimamente constituido, al tiempo, va a incendiar la calle. Han encarcelado la democracia, pero no pueden encarcelar las ideas ni la libertad, y eso se va a plasmar en las previsibles movilizaciones que en principio y ojalá también en final, deberán ser democráticas, pacíficas, dignas y potentes. La gran injusticia perpetrada contra los legítimos representantes de la sociedad catalana va a condicionar inevitablemente una campaña electoral que los unionistas esperaban plácida y ventajista.

El encarcelamiento del Govern puede provocar una reagrupación frentista modelo Junts pel Sí, a la que podrían sumarse la CUP e incluso En Comú Podem, aislando vergonzantemente al unionismo de PPC y Ciudadanos y situando en el limbo al PSC. La presencia de Puigdemont y cuatro de sus consejeros en Bruselas, a pesar de las cargas de profundidad del frente unionista acusándole de cobardía y abandono de los suyos, puede añadir decibelios al altavoz que acusa ante Europa al Gobierno español de perseguir penalmente las ideas, que insista en la realidad de presos políticos en las cárceles españolas y que demuestre tras la decisión judicial que le sobraban razones para eludir una Justicia que no es fiable.

Cada paso que da el Gobierno español en el conflicto catalán es más disparatado que el anterior. La sociedad catalana, herida, humillada, desestabilizada por la incompetencia de un Madrid que no dialoga, se enfrenta a un tiempo incierto en la política, en la economía y en la convivencia, tras una sucesión de despropósitos a cual más grave.