Tanto el 155 a través del BOE como la República Catalana vía DIU han metido mucho ruido pero son este fin de semana aún papel y palabras. Entre ambas legitimidades y decisiones políticas se encuentra miles de ciudadanos, funcionarios y cargos que este lunes volverán a sus despachos, puestos de trabajo, colegios, hospitales y carreteras donde se puede dar una dicotomía que seguramente el día a día superará, caiga la pelota del lado que caiga en este salto sin red. Aquí van algunas claves sobre temas calientes.
¿Despacho o cárcel?
Aunque no se pueden descartar medidas contundentes hoy mismo, parece que el lunes es cuando se reactivará toda la maquinaria judicial estatal. La decisión final no sólo de cesar al Govern sino también de disolver el Parlamento añade un elemento nuevo que tiene que ver con el aspecto competencial ya que se consideraría que han perdido su aforamiento (salvo los que estén en Diputación Permanente) por lo que no correspondería al Tribunal Supremo sino la Audiencia Nacional. Las miradas están puestas especialmente en Puigdemont sobre el que penden amenazas que van desde el delito de “usurpación de puesto”· (de uno a tres años de cárcel) o el de “rebelión”. En este caso estaría castigado con hasta 30 años, pero muchos juristas ven complicada esta vía porque se debería acreditar que genera actos violentos y las llamadas al pacifismo son una constante en sus discursos.
Conocidas ya las acusaciones por “sedición” de otros cargos como Trapero (el caso de los Mossos merecería un apartado especial) y los presidentes de Omnium y ANC, el segundo nivel afectado por los últimos acontecimientos es el de los diferentes consellers del gobierno catalán y en general los 141 cargos de confianza destituidos vía 155 desde Madrid. Varios (unos son diputados y otros no) ya han anunciado su intención de seguir ejerciendo como tales y estudian recursos e incluso, en otro nivel, hay quien ha decidido pasar al contrataque. Así delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, anunció ayer que estudia denunciar su cese.
En un tercer nivel del punto de mira de la maquinaria judicial se encuentran los propios parlamentarios que votaron la declaración, la mesa del Parlament y la presidenta Carme Forcadell. El aforamiento es clave en lo procedimental pero la decisión de votar en secreto, en blanco...., complican bastante una decisión tajante y la Fiscalía quizá sea más selectiva.
¿Dos jefes en la oficina?
Un lunes raro en la Administración catalana. La presencia de funcionarios del Estado -nuevo “jefe”- es minoritaria mientras hay 200.000 dependientes de la Generalitat. Estos trabajadores públicos pueden encontrarse a su llegada a la oficina con referencia u órdenes contradictorias: por un lado las indicaciones que vengan desde Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros que asuman sectorialmente las consejerías y, por otro, las de sus actuales consellers que no se dan por cesados. Posiblemente en el día a día y en temas menores esta situación ni siquiera llegue a notarse y la Administración continuará con sus servicio público habitual, pero en cuadros medios y alta dirección el conflicto puede ser evidente. El Estado también ha amenazado aquí con una batería de sanciones exprés administrativas e incluso penales por “desobediencia” aunque diferentes agrupaciones profesionales (sindicales, colegios de médicos, comunicación, docentes...) ya han antepuesto que, ante el 155, seguirán trabajando para el servicio de la ciudadanía. La Administración es especialista en actuar por inercia.
¿Dobles manifestaciones?
Después de la celebración independentista de la tarde del viernes, algunos conatos ultras de la misma noche y en previsión de la manifestación unionista de Societat Civil de hoy, la calle vuelve a ser un escenario donde Catalunya se juega el futuro. El movimiento independentista, a través de sus redes de Omnium, ANC y los comités de barrio de la CUP han demostrado una importante capacidad de control y modulación de sus partidarios que se han manifestado de manera pacífica o, en todo caso, con resistencia pasiva. La grandes marchas de los constitucionalistas también han tenido un tono similar. Lo mismo en el caso de las huelgas. La mayor tensión ha venido de grupúsculos ultras y de las propias FSE. Pero la calle siempre es un factor de difícil control y parece que la tensión no bajará. De ahí el llamamiento independentista de ayer a retirarse para no caer en provocaciones.
¿Española o senyera?
La preparación de estructuras catalanas para sustituir a las estatales en el caso de una declaración de independencia ha dado para muchas páginas previas y operaciones policiales.. Más allá de temas simbólicos pero quizá de otro tiempo como las fronteras, etc..., donde se juega la partida es en el tema de las finanzas. Y la nueva Catalunya, intervenida y sin autonomía fiscal, no lo tiene fácil. Los diferentes proyectos de banco público, agencia de recaudación... se han quedad en papel mojado, como papel también es de momento los decretos del BOE para anular cualquier maniobra. Lo que sí tiene carne y hueso son los centenares de ayuntamientos y alcaldes que tuvieron un papel muy protagonista el viernes en el Palau. El independentismo catalán es un movimiento social de abajo a arriba y los municipios son las instituciones más cercanas y únicas capaces de articular un contrapoder constituyente. La guerra de banderas es lo de menos. Sobre ellos pende una acusación por el 1-0 pero no una elecciones inminentes.
¿Dos convocatorias?
Es la gran patata caliente para los independentistas tras el fracaso mediador del jueves y la jugada de Rajoy convocándolas para el 21 de diciembre. Hay mutismo total. Pero un movimiento que ha usado la idea fuerza de volem votar tiene, pese al riesgo de división, complicado mirar para otro lado o defender el boicot aunque no sea el referéndum pedido y sean “españolas”. ¿Convertir unas elecciones autonómicas ya no en plebiscitarias sino en constituyentes?A partir del lunes se sabrá.
