barcelona - Tras haber pasado de héroe a villano a ojos de la opinión pública española en el lapso de apenas unas semanas, la figura del major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, personifica en buena parte la escalada de tensión entre los gobiernos español y catalán a cuenta del proceso soberanista. Ensalzado en un primer momento por la gestión de la respuesta a los atentados yihadistas de mediados de agosto en Barcelona, en poco tiempo Trapero fue colocado en el punto de mira de los medios unionistas, incluidos algunos catalanes. La celebración del referéndum independentista del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional, y la actuación de los Mossos en su transcurso, acabó por situar al major como una de las principales piezas de caza de los aparatos del Estado.
La activación del artículo 155 de la Constitución en el Consejo de Ministros de hoy, y la intervención de la Policía catalana que conllevará por parte del Ejecutivo español, supone la culminación de todas las actuaciones judiciales que se han puesto en marcha con Josep Lluís Trapero como objetivo principal. La estrategia está clara: una vez eliminada del tablero de juego la figura del major, se desactivará el papel de los Mossos en esta partida, dado el papel que se les atribuye de agentes ejecutores de los planes del soberanismo. Así lo explicitó al menos la Guardia Civil en un voluminoso informe remitido a la Audiencia Nacional.
Este tribunal ha sido, precisamente, el escenario de mayor escarnio para Trapero, con sus declaraciones consecutivas los pasados días 6 y 16 como investigado por sedición. Al contrario que los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que permanecen en prisión desde el lunes por orden de la jueza Carmen Lamela, el responsable de los Mossos quedó en libertad por su actuación durante la concentración de miles de personas el 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía. Eso sí, la magistrada le impuso una serie de medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado más cercano.
Sin embargo, Trapero está lejos de haberse librado definitivamente de la imposición de medidas más duras, como ser apartado del cargo. Así lo solicitará al menos la Fiscalía -en la ocasión anterior pidió para él prisión sin fianza, al igual que en los casos de Sànchez y Cuixart-, una vez se incorporen a la causa por sedición los hechos del 1-O descritos por la Guardia Civil en su informe y que están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. En dicha jornada, la Policía española y la Guardia Civil reprimieron con cargas a los ciudadanos que pretendían votar, provocando unas escenas de violencia que dieron la vuelta al mundo. Al mismo tiempo, estos cuerpos acusaron a los Mossos de inacción e incluso de connivencia con la Generalitat a la hora de posibilitar que la celebración del referéndum transcurriera con la mayor normalidad posible.
Ayer se siguieron produciendo más pasos en esta campaña de hostigamiento a los Mossos d’Esquadra, que podría culminar en la intervención de su cúpula de mando por parte del Gobierno español. De ocurrir finalmente así, se ha especulado con la posibilidad de que la dirección de la Policía catalana quedara en manos del número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto. Así, la jueza Lamela pidió a la Guardia Civil un informe sobre las llamadas realizadas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre por el major Trapero y el resto de investigados por sedición: la intendente de este cuerpo Teresa Laplana y los presidentes de ANC y Òmnium, ya en prisión.
Del mismo modo, continuó el goteo de registros llevados a cabo por la Guardia Civil en el marco de esta investigación, esta vez en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Acudieron con una orden judicial para obtener los correos electrónicos de un mando de la Policía catalana en Lleida, relativos al dispositivo para impedir el referéndum. En el transcurso del registro, un grupo de trabajadores del CTTI se concentró a las puertas del edificio para protestar por la presencia de los agentes.
Sin condecoraciones Significativa fue también la escena que se produjo ayer durante el acto oficial de apertura del curso académico 2017-2018 del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), donde están las escuelas de Mossos d’Esquadra y Bomberos de la Generalitat. Un día después de que la Fiscalía de Barcelona notificara a la Conselleria de Interior que sus miembros dejarán de dar clases en el centro, al acto no acudieron autoridades en representación de la judicatura, Guardia Civil, Policía y Ejército.
Tampoco asistió, pese a que su presencia estaba prevista, el conseller de Interior, Joaquim Forn. Durante el evento, el major fue ovacionado por los asistentes, que le aplaudieron de pie unos minutos tras ser citado en un discurso. Según informó ElNacional.cat, Trapero acudió a la cita sin portar las condecoraciones que le fueron impuestas por la Policía y la Guardia Civil.
