madrid - El Gobierno español tiene la intención de forzar unas elecciones en Catalunya. El acuerdo con los socialistas y Ciudadanos para detener la hoja de ruta independentista tendrá como colofón la convocatoria de unas elecciones en el territorio que tendrían lugar en enero, según el PSOE. Para el socialismo, supone aplicar de manera quirúrgica y muy controlada el artículo 155 de la Constitución española que faculta a Madrid a intervenir la autonomía catalana, porque de esta forma se acota con claridad la duración de esa situación de excepcionalidad y se garantiza que no se eternice. En los tres meses que durará la suspensión de la autonomía hasta las elecciones de enero, el Gobierno de Mariano Rajoy tomaría el control de la televisión pública TV3 y los Mossos d’Esquadra, actuaciones que se sumarían a una vigilancia aún más estrecha sobre las finanzas del Govern de Carles Puigdemont. Las medidas se confirmarán hoy y se aprobarán el viernes en el Senado.

La principal incógnita es si el PDeCAT, ERC y la CUP van a acatar los comicios vistiéndolos como unas elecciones constituyentes, o si van a boicotearlos, a llamar a la abstención, y a plantear una asamblea de electos paralela. No han cerrado aún una posición conjunta. Rajoy, por su parte, se expone a una situación ingobernable durante la intervención de la autonomía, y a la eventual rebelión del personal de TV3 y los Mossos. La CUP alentó ayer la insumisión de los funcionarios para que el 155 sea inaplicable. Quizás consciente de ello, el experimento de Madrid tendrá enero como fecha de caducidad, aunque el PP no lo confirma y hay diferencias.

acatar o no acatar Aunque la decisión de Madrid debe confirmarse hoy tras el Consejo de Ministros, PSOE y Ciudadanos reventaron ayer buena parte de los anuncios que tenía previsto realizar el gabinete de Mariano Rajoy, y concretaron cómo se aplicará el artículo 155. Rajoy activó el jueves los plazos tras rechazar la última respuesta de Puigdemont, aunque el president le aclarase que el Parlament no votó la independencia y que podrá hacerlo si suspende la autonomía.

Las revelaciones de mayor calado las realizó la secretaria socialista de Igualdad, Carmen Calvo. En varias entrevistas televisivas, aseguró que las medidas pactadas pueden afectar a los Mossos y a TV3. “Evidentemente”, dijo, para añadir después que “los medios y las fuerzas de seguridad tienen que ser neutrales y cumplir el Estatut y la Constitución”. También confirmó que la última fase del plan serán las elecciones. “El artículo 155 no tiene ninguna intención punitiva, simplemente la de restituir la legalidad estatutaria y constitucional y, naturalmente, darle la voz a los catalanes en unas elecciones. Para nosotros, pueden ser en enero”, añadió.

Las informaciones que apuntaban a una intervención más dura con la sustitución de todo el Govern y la designación de una nueva autoridad estatal al frente de la presidencia han perdido peso en las últimas semanas porque la gestión sería muy problemática. El Gobierno español podría decantarse por tocar los departamentos donde tenga un pretexto claro, como es el caso de la conselleria de Interior y los Mossos. El major Josep Lluís Trapero, investigado por sedición, se perfila como la primera víctima. También habrá un control más estrecho sobre la vicepresidencia económica de Oriol Junqueras. Las Cuentas ya están intervenidas desde hace semanas por el ministro Montoro, no se ha producido de momento ninguna sublevación de los técnicos y la intervención está siendo relativamente plácida.

Ese motín sí podría darse en TV3 donde, además, la intervención de Madrid sería más complicada de justificar ante la opinión pública y entraría de lleno en la libertad de información, aunque se trate de una cadena autonómica y el terreno sea más propicio para exigir una serie de controles por parte del Estado. El director de TV3, Vicent Sanchis, aseguró ayer a RAC1 que una intervención de la cadena sería “muy difícil de justificar”. En el caso de los Mossos, el 1 de octubre también fueron una piña a la hora de cumplir las directrices de Trapero a favor de una intervención proporcional y medida. Desde la CUP, Benet Salellas pidió ayer diseñar una estrategia para que los funcionarios de las consejerías hagan inaplicable el artículo 155 y defiendan su soberanía.

El otro gran cabo suelto para Madrid es el Parlament, que seguirá teniendo una mayoría soberanista de 72 escaños sobre 135. Todo ello, además, en un escenario en que la declaración de independencia estará votada o a punto de votarse, y el planteamiento de unilateralidad será claro.

Por ello, está en duda que el soberanismo acate las elecciones. Ayer se lanzaron mensajes en contra de los comicios. La CUP difundió hace unos días que existe un pacto con Junts pel Sí para boicotearlos, no presentarse y atrincherarse en el Parlament para defender el actual reparto de escaños. Ese plan contemplaba que el Estado tratase de irrumpir por la fuerza, en cuyo caso el Parlament se trasladaría a otras instalaciones y se convertiría en una asamblea de diputados, senadores, alcaldes y concejales soberanistas. Ese escenario sería el más imprevisible, porque supondría la coexistencia de dos parlamentos y, eventualmente, dos gobiernos paralelos. Podem y los comunes tendrían que elegir.

El soberanismo también podría acatar los comicios y presentarlos como unas elecciones constituyentes para alumbrar una asamblea que redacte una Constitución catalana, tal y como estipula la Ley de Transitoriedad. El problema radica en que, a estas alturas, ha calado el relato de que las elecciones son la vía que quiere el Estado, y asumirlas podría parecer una rendición. El expresident Artur Mas fue el único que insinuó ayer la posibilidad de participar. En el diario Ara, aseguró que no ve unas elecciones convocadas por el Estado en las que solo se presenten los constitucionalistas, porque sería un “muy mal final” para el procés que se conformara un Parlament sin independentistas.

Junqueras, por el contrario, aseguró en Catalunya Ràdio que las elecciones no serían la mejor manera de avanzar, sean convocadas por el Estado o por el Govern. Desde la CUP, Salellas rechazó convocar unos comicios constituyentes justo después de la declaración de independencia porque hacen falta meses para “consolidar la república, obtener los reconocimientos necesarios y hacerla efectiva”.

discrepancias con la fecha El PSOE reveló la fecha de enero, aunque no quedó claro si el PP lo comparte. Rajoy fue muy ambiguo ante la prensa y jugó al despiste, sin confirmar ni desmentir. El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, enfrió los datos y dijo que es “prematuro” fijar fechas, y en ámbitos de Madrid se habla de la primavera y no de enero para que baje la movilización soberanista. Desde C’s, por el contrario, Albert Rivera sí confirmó las elecciones para enero, y descartó una coalición con PP y PSOE. La candidata naranja, Inés Arrimadas, aspira a ser la más votada de las fuerzas constitucionalistas. El soberanismo está movilizado y, si acudiera a las elecciones, su reto sería superar el 50% de votos, algo que no sucede ahora aunque tenga mayoría absoluta.

Sectores afectados. El PSOE desveló ayer que la intervención de la autonomía afectará a los Mossos d’Esquadra y la cadena pública de televisión, TV3. Ese control se sumaría a una vigilancia más estrecha de las finanzas de la Generalitat, ya intervenidas.

Duración de la intervención. Los socialistas fijaron ayer un horizonte claro para levantar esta suspensión. Aseguraron que habrá elecciones en enero, probablemente el día 28, un dato que confirmó Ciudadanos, pero que el Gobierno español dejó en el aire. Algunas voces apuntan a la primavera para que se enfríe la movilización soberanista, y Méndez de Vigo consideró ayer prematuro comenzar a fijar plazos.

Activación. El Consejo de Ministros concretará hoy las medidas, y el viernes de la próxima semana serán aprobadas en un pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aunque quiere el respaldo del PSOE.