lleida - El acoso sobre los Mossos d’Esquadra por su actuación durante el referéndum independentista del 1 de octubre en Catalunya sigue adelante. Ayer, agentes de la Guardia Civil se personaron en la comisaría de la Policía catalana en Lleida para recoger las grabaciones de las comunicaciones internas que se realizaron durante esa jornada. Además, salió a la luz el contenido de un informe policial que acusa de connivencia a los Mossos y la Generalitat respecto al supuesto cierre de centros de votación que llevaron a cabo los primeros. Por si fuera poco, la Fiscalía de Barcelona anunció que deja de colaborar con la escuela donde se forman los futuros mossos, el equivalente de Arkaute en Catalunya, y que dejará de impartir clases, conferencias ni ninguna otra clase de actividad docente.
La consulta del 1-O, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional, quedó marcada por las cargas que protagonizaron la Guardia Civil y la Policía española contra los ciudadanos que pretendían depositar su voto en una urna. Ambos cuerpos acusaron además a los Mossos d’Esquadra de inacción e incluso cargaron sobre ellos la responsabilidad de los choques por no haber desalojado los colegios a primera hora.
Desde ese momento, la lupa de la justicia se ha situado sobre los Mossos, y el major de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, está siendo investigado por la Fiscalía, que trata de incluir los hechos del 1-O en la causa por sedición abierta contra él en la Audiencia Nacional. Este proceso se abrió por la actuación durante las protestas ciudadanas que tuvieron lugar el 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía de Barcelona, en los que guardias civiles y una secretaria judicial quedaron encerrados en el inmueble hasta la madrugada siguiente. Tras declarar por estos sucesos en la AN, Trapero quedó en libertad pero con la retirada del pasaporte.
De forma paralela, una veintena de juzgados catalanes han abierto investigaciones sobre la supuesta pasividad de los Mossos a la hora de cumplir con las órdenes del TSJC para impedir la votación del 1-O, que había sido suspendida por el Constitucional. Fruto de ello fue la entrada de la Guardia Civil, el pasado martes, en el edificio del servicio de emergencias 112 de la Generalitat en Reus (Tarragona), en busca de las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos en el área de Tarragona y Tierras del Ebro durante el referéndum.
El mismo objetivo buscaban los agentes que acudieron ayer a la comisaría de Lleida por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de dicha localidad. Así, además de acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones en la demarcación entre las últimas horas del sábado 30 de septiembre y las primeras horas del lunes 2 de octubre, volcaron el contenido de los teléfonos móviles de dos mandos de los Mossos y de un tercer agente que participó en la coordinación del dispositivo durante el referéndum. El juez de Lleida mantiene en secreto esta investigación.
También ayer trascendió un informe policial que asegura que en 41 de los 99 colegios en los que los Mossos dijeron que habían detenido la votación durante el 1-O, la Generalitat contabilizó posteriormente más síes que personas figuraban censadas. Según informó Europa Press, los responsables del informe concluyen que hubo “connivencia” entre la Generalitat y la cúpula de los Mossos para “maquillar” la actuación policial. El objetivo sería que la Policía catalana pudiera sostener que sí cerró centros de votación, cumpliendo con la orden judicial, mientras los organizadores del referéndum pudieron defender que habían celebrado una votación. De este modo, hubo una “utilización partidista” de los Mossos, zanjan.
No más clases A todo ello se suma que la Fiscalía Provincial de Barcelona notificó ayer a la Conselleria de Interior que sus miembros dejarán de dar clases en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), la escuela para mossos y policías locales, además de bomberos y otros cuerpos de emergencias, y que precisamente hoy inicia su curso académico 2017-2018. Así, ningún fiscal de las comarcas de Barcelona participará en cursos, jornadas o ponencias en la escuela ubicada en Mollet del Vallès (Barcelona). “Los motivos son obvios. No se darán más explicaciones”, aseguró a Europa Press un portavoz de la Fiscalía.
El conseller de Interior, Joaquim Forn, presidirá hoy la apertura del año académico en el ISPC, en un acto al que como cada año están invitados representantes de la judicatura, Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil, aunque en la tarde de ayer ninguno había confirmado su asistencia, según fuentes del departamento. Quien sí acudirá será el major Josep Lluís Trapero.
Tres detenidos. Con la detención ayer de un hombre de 22 años, ascienden a tres los arrestados por la Guardia Civil por atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y amenazas en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) durante el 1-O. El detenido ayer, que dio una patada en la cabeza a un guardia civil, lamentó tras su arresto que este hecho le podía perjudicar porque planeaba opositar para ingresar en los Mossos. Las otra dos personas, una de ellas hijo de un dirigente de ERC, fueron detenidas el 1-O.
