MADRID - El PSOE ha sondeado al PNV para ofrecerle la presidencia de la comisión territorial del Congreso de los Diputados, el foro parlamentario donde se abordará la reforma de la Constitución española. No se ha constituido aún ni ha comenzado sus trabajos, pero es la gran esperanza del socialismo para reconducir la crisis territorial entre el Estado y Catalunya. Es ahí donde quiere desplegar su apuesta por el modelo plurinacional. Los jeltzales han recibido esta invitación con escepticismo y mucha distancia. Aún no han respondido a los socialistas, pero todo apunta a una negativa por su parte. Fuentes de la Ejecutiva jeltzale consultadas por DNA aseguran que están pendientes del devenir de los acontecimientos en Catalunya y que, en cualquier caso, esta reforma es “un asunto muy menor” en su agenda.

El PNV no se siente demasiado concernido por el debate de la reforma constitucional. Prefiere seguir su propia vía y fiar la ampliación del autogobierno vasco a la actualización de los derechos históricos. Ese camino no exige necesariamente una reforma de la Constitución, porque su disposición adicional primera ya reconoce esos derechos y la posibilidad de actualizarlos. Los jeltzales concentran sus esfuerzos en el debate del nuevo estatus del Parlamento Vasco, y observan con prevención los movimientos sobre la reforma constitucional porque no descartan que sea un parcheo del modelo autonómico.

A esa falta de entusiasmo se suma que, en las últimas jornadas, el PNV está viendo cómo las expectativas sobre la reforma constitucional caen en picado y la presencia de los nacionalistas catalanes está absolutamente en el aire. La suspensión de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución española dinamitaría cualquier opción de diálogo y convertiría la comisión territorial en un solar, además de que perdería toda su vigencia porque el escenario sería nuevo e imprevisible. La reforma pretende seducir a los nacionalistas catalanes y evitar la ruptura con España, pero ERC ya ha anunciado que no participará en esta comisión, y el PDeCAT condiciona su presencia a que el Gobierno español no aplique el artículo 155. Una reforma territorial sin los nacionalistas catalanes nacería coja, más aún en este momento en que la mayor quiebra en el sistema de encaje con el Estado se está produciendo en Catalunya.

Además, la tensión entre el Govern y el Estado es tal, que a todas las partes les cuesta imaginar que este enfrentamiento se pueda canalizar a corto o medio plazo en un diálogo sobre la reforma constitucional. PP, PSOE y Ciudadanos han vetado expresamente el derecho a decidir, la única oferta que colmaría a estas alturas las expectativas catalanas. Unidos Podemos tampoco va a participar por ahora. Ayer anunció que deja en suspenso su asistencia porque no se dan las condiciones para dialogar en un momento en que Madrid amaga con el 155 y el Govern no descarta la declaración de independencia.

El PNV desconoce en qué se va a convertir la comisión territorial si se produce una suspensión de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155, un escenario que rechaza frontalmente y le parecería una quiebra inadmisible del autogobierno catalán. Desde algunos sectores se está estableciendo una vinculación muy estrecha entre la suspensión de la autonomía y la reforma constitucional, como si fueran las dos caras de una misma moneda y la reforma fuese una compensación o una cortina de humo tras la aplicación del artículo 155.

Por todo ello, el PNV está lejos de aceptar la oferta socialista, aunque no ha ofrecido una respuesta aún y está pendiente de los acontecimientos. No solo tiene reservas sobre la presidencia, sino sobre el propio formato de su participación en estos trabajos. Los jeltzales suelen inclinarse por participar en todos los debates por su perfil institucional, pero tendrán que valorar su implicación. Es muy difícil imaginar la implicación del PNV en una comisión coja, sin nacionalistas catalanes y previsiblemente también sin Podemos, y con la autonomía de Catalunya suspendida.

¿solo pp, psoe y c’s? En medios de comunicación estatales dan por hecho que la comisión solo tendrá el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha dado de plazo hasta el lunes a los partidos para que le comuniquen qué diputados los representarán en el grupo de trabajo. Cuando tenga los nombres, convocará la sesión constitutiva de la comisión. El debate político arrancaría en seis meses, tras una primera fase de prolegómenos. El PSOE ha elegido como representantes a su vicesecretaria general, Adriana Lastra, y al exlehendakari Patxi López como adjunto. El PP, por su parte, ha propuesto como presidente al socialista José Enrique Serrano, exjefe de gabinete de Zapatero y González.

Desde Unidos Podemos, Pablo Iglesias anunció que su grupo deja “en suspenso” su participación porque, con una declaración de independencia o con la aplicación del 155, “no se dan las condiciones” para que la comisión sea útil. “Hemos decidido dejar nuestra participación en suspenso a la espera de acontecimientos. Pensamos que, si se aplica el 155 o si Puigdemont decide declarar ilegítimamente la independencia, esa comisión no es un marco viable de diálogo, hoy por hoy. Ojalá en el futuro se dé una situación de desescalada de la tensión y pueda haber espacios en el Parlamento y fuera del Parlamento que sirvan para discutir de todo”, explicó.

Desde ERC, Joan Tardà repitió que su grupo no va a participar porque la reforma no va a ser una negociación “de igual a igual, entre los dos gobiernos”. El PDeCAT, por boca de Carles Campuzano, vio complicado “compatibilizar” la suspensión del autogobierno o la destitución del Govern con una discusión parlamentaria para reformar la Constitución. No obstante, no cerró la puerta del todo y lo condicionó a lo que suceda con el artículo 155. EH Bildu, por su parte, ya ha dejado ver su rechazo a la vía de la reforma constitucional.