barcelona - La Guardia Civil se personó ayer en la sede central del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona), con la intención de buscar las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos d’Esquadra en el referéndum del 1-O, en el marco de una investigación sobre su supuesta pasividad para impedir la votación. La sede del teléfono de emergencias centraliza llamadas urgentes de los servicios de emergencia y almacena las conversaciones de la Policía catalana y los Bomberos de la Generalitat.

Una decena de agentes del instituto armado entraron en la sede del 112 por orden de un juez de Gandesa (Tarragona), que mantiene un procedimiento abierto sobre el papel de los Mossos en esta demarcación durante el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. En concreto, los agentes buscaban las grabaciones de las conversaciones de los Mossos d’Esquadra el pasado 1 de octubre, así como las instrucciones que daban por el servicio interno de comunicaciones por radio.

El juez ordenó estas diligencias para averiguar, entre otros aspectos, si los Mossos tuvieron una actitud pasiva a la hora de cumplir la resolución judicial que les obligaba a impedir la votación y si hicieron un seguimiento de las intervenciones que efectuaron la Guardia Civil y la Policía española para cumplir con el mandato judicial.

Los agentes permanecieron en las dependencias de los Mossos alrededor de una hora y media y rebuscaron entre los ficheros territoriales de todos los servicios de emergencias del Govern, esto es, los Mossos d’Esquadra, los Bomberos, Protección Civil, el Sistema de Emergencias Médicas y el teléfono de emergencias. En el caso de la Policía autonómica, el edificio central del 112 en Reus concentra los ficheros de los servicios policiales relativos a las demarcaciones de las Tierras del Ebro y de Tarragona.

La investigación del juzgado de Gandesa sobre el operativo llevado a cabo por los Mossos d’Esquadra durante el 1-O discurre de forma paralela a la que está abierta en la Audiencia Nacional -donde el lunes la juez Carmen Lamela retiró el pasaporte al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, acusado de sedición- y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Precisamente, los Mossos han notificado a la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que instruye una causa contra el Govern por el 1-O, que han abierto una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían trasmitido para impedir la votación. Con esta medida, la jefatura de los Mossos pretende descubrir si hubo alguna conducta individual por parte de algún agente que no cumplió con las órdenes recibidas y analizar si había algún motivo que lo justificara. - DNA/E.P.