barcelona - La entrada en prisión de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, decretada el lunes por la Audiencia Nacional, sacó ayer a la luz el abismo existente entre el PSOE y el partido que le representa en Catalunya, el PSC, sobre el proceso soberanista. En la misma noche del lunes, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, fue muy crítico con el ingreso en la cárcel de Soto del Real de los principales líderes del soberanismo en dicha comunidad, que calificó de “desproporcionado”. A esta opinión se sumaron numerosos dirigentes de su partido, sobre todo más de un centenar de alcaldes, lo que contrastó con la postura exhibida por el PSOE. La formación liderada por Pedro Sánchez, además de acogerse a la tradicional fórmula de no opinar sobre las resoluciones judiciales, reclamó “mesura” a sus compañeros catalanes.
En la actual crisis entre el Gobierno español y la Generalitat, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha erigido en perfecta muleta del presidente Mariano Rajoy, y le ha mostrado su apoyo en todos los pasos adoptados hasta la fecha, lo que se ampliará hasta la previsible aplicación del artículo 155 de la Constitución. El propio Sánchez confirmó ayer esta posición al evitar valorar el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart tras las críticas vertidas por Iceta. En declaraciones realizadas en Pontevedra, afirmó que su partido tiene “muy claro que España cuenta con un estado social, democrático y de derecho” y cree “en la separación de poderes”. Agregó que los autos judiciales “se corresponden” a ese ámbito y no a la política. Muy al contrario, Iceta recordó la víspera que en septiembre “ya criticamos que se acusara de sedición a Sànchez y Cuixart”.
Estas opiniones contrapuestas no se quedaron aquí, y ayer fueron múltiples las voces, por parte de ambos bandos, que ahondaron en esta profunda división. Sobresalen los 122 alcaldes del PSC que criticaron abiertamente la resolución de la magistrada de la AN Carmen Lamela, como la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y miembro de la dirección del PSOE, Núria Parlon, que opinó en un mensaje en Twitter que los conflictos políticos “no se resuelven mandando a la cárcel a las personas que organizan manifestaciones. Todo este despropósito debe frenarse ya”.
A Parlon se sumaron otros dirigentes como su homólogo en Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, quien calificó de grave error el encarcelamiento y advirtió de que se trata de una decisión poco inteligente que dificulta el diálogo institucional: “A prisión por ideología mientras algunos corruptos siguen libres”, dijo. La mayoría de ediles coincidieron con Iceta en usar el término “desproporción”, es el caso del alcalde de Lleida, Àngel Ros, y el de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. También la número dos del PSC y alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, señaló que “la prisión incondicional es una medida desproporcionada. Me reafirma en que la solución es política y no judicial”.
El goteo de declaraciones continuó, y así el alcalde de Granollers, Josep Mayoral, pidió la dimisión de Rajoy porque la medida judicial ha demostrado “una vez más la incapacidad del Gobierno del PP de resolver, desde la política, los problemas políticos”. El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, cuyo alcalde es el secretario de Acción Política del PSC, Antonio Balmón, afirmó en un comunicado que “no queremos que una decisión inoportuna y preocupante implique aumentar la tensión social en nuestros espacios sociales y cívicos, y que se apodere de nuestras ciudades la intransigencia que impide el diálogo y el acuerdo”.
Respeto Por parte del PSOE, el portavoz de la Ejecutiva Federal, Óscar Puente, fue especialmente duro con estas expresiones de rechazo y reclamó “mesura a los compañeros del PSC”. “No somos juristas”, dijo, y reprochó que “probablemente” cuando se produjeron esas manifestaciones “ni siquiera había dado tiempo a leer la resolución”. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, afirmó que respeto “mucho” a Iceta, pero los socialistas “nunca valoran las decisiones judiciales”, y el secretario de Organización, José Luis Ábalos, pidió acatar y no opinar sobre las sentencias, “gusten más o menos”.
