Donostia - La condena a la violencia, la necesidad del diálogo y el respeto a la ley centraron ayer el debate de la asamblea del Consejo de Europa respecto a la necesidad de encontrar una solución política para la crisis en Catalunya. El recientemente nombrado presidente de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE, en el que se encuentra el PNV), Hendrik Daems, señaló que la libertad de expresión y de reunión es “incompatible” con la “violencia” que observaron el pasado 1 de octubre y lamentó que “ni Rajoy ni el rey” Felipe VI hayan hecho referencias sobre lo ocurrido.

“No podemos aceptar la intimidación por ambas partes”, dijo Daems, al tiempo que criticó los intentos de “segregación en buenos y malos”. En este sentido, señaló que el Consejo de Europa “ha de tomar partido” y “Madrid y Barcelona han de ofrecer diálogo, dejando de lado su orgullo político y sus cálculos electorales”.

El italiano Sergio Divina, de la Liga Norte, criticó la “errónea y desproporcionada” reacción del Gobierno español, que a su juicio “se opone a cualquier regla democrática”, del mismo modo que también lo hizo el político alemán de Die Linke Andrej Hunko.

Asimismo, también hubo voces en defensa de la legalidad, como el popular español José Ramón García Hernández o la también popular María Concepción de Santa Ana, quien recordó que la Constitución “define a España como una patria indivisible”. Asimismo, la socialista Soraya Rodríguez alertó de la “situación dramática” puesto que “una parte del país se ha saltado la legalidad”.

Ganira Pashayeva, de Azerbaiyán, apoyó la “integridad territorial” y destacó que se trata de un problema que “solo puede ser resuelto en el imperio de la ley”. “Los problemas separatistas pueden ser una amenaza para Europa y el mundo”, dijo.

ARTÍCULO 155 Por otro lado, también hubo voces discordantes con la idoneidad de aplicar el Artículo 155 de la Constitución española, como la de Petra de Sutter, del Grupo Socialista, quien señaló que aplicarlo “es lo peor que puede ocurrir”.

Asimismo, también hubo peticiones relacionadas con el derecho a decidir. “La posible salida es enmendar la Constitución para permitir el referéndum. La ley es importante, pero la participación ciudadana es más importante”, declaró Sutter, quien se mostró a favor de una “mediación”, al igual que el también socialista Manuel Tornare, que advirtió de las “derivas peligrosas” a las que puede llevar la situación. “Está en peligro el futuro de la península ibérica y de Europa”, indicó.

En esta línea, el británico Roger Gale, del Grupo Conservador, se mostró “convencido” de que “el pueblo catalán tiene derecho a que se escuche su voz”, al igual que ocurrió con los escoceses en Reino Unido. Del mismo modo, el canadiense Scott Simms (Canadá es miembro observador del Consejo) recordó el ejemplo de Québec y el referéndum con el que “muchos problemas” de este territorio se resolvieron y, aunque no recomendó la vía de la consulta, apeló al diálogo y a la paz.

Por su parte, el jeltzale Jokin Bildarratz afirmó que “para que la legalidad sea legítima hay que escuchar”, mientras que Pablo Bustinduy (Podemos) abogó por el diálogo e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para “solucionar esta crisis”. - Europa Press