BARCELONA - Más de 48 horas después de la represión policial del referéndum celebrado el pasado domingo en Catalunya, las aguas están lejos de volver a su cauce y la tensión parece incluso aumentar por momentos. Este clima de crispación tiene además dos vertientes: la propia presencia de los efectivos de la Policía española y Guardia Civil en territorio catalán, que se ha prorrogado hasta el día 11, ha desembocado en enfrentamientos en las localidades donde los agentes están alojados en hoteles, así como una reacción en defensa de las fuerzas de seguridad por parte de los aparatos del Estado. Por otro lado, los partidos soberanistas temen que la respuesta de la población a las cargas que tuvieron lugar hace tres días se les vaya de las manos y se produzca alguna algarada de gravedad. Ayer, jornada de huelga general en la comunidad, los escraches ante sedes del PP, Ciudadanos, hoteles y la Jefatura de Policía en Barcelona convivieron con los llamamientos a la calma realizados por los Mossos d’Esquadra y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Buena muestra de la gravedad de la situación fue la intensa actividad que desplegó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Suspendió “por motivos de agenda” su presencia en la celebración del Día de la Policía en Basauri y convocó de urgencia a la cúpula de su departamento, que acordó emprender todo tipo de medidas legales para defender a los policías y guardias civiles en el marco del Estado de derecho. Después, se reunió en la Moncloa con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para analizar la situación. El líder del PP expresó en un mensaje en Twitter su “total apoyo a las FCSE que están defendiendo la legalidad y los derechos de todos en Cataluña”.

Tras dichos encuentros, Zoido acusó a Puigdemont de “alentar el acoso totalitario” contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y anunció la decisión del Ejecutivo de que ninguno de los efectivos desplegados “abandone ningún hotel donde haya contrato en vigor”. Pese a ello, la cincuentena de agentes de la Guardia Civil alojados en el Hotel Bruc Restaurant, junto a la autovía A2 y el macizo de Montserrat, dejaron al mediodía de ayer el establecimiento conminados por la dirección, que les reprochó la actuación policial del 1 de octubre. Unas 500 personas se congregaron frente al recinto hotelero y les despidieron con gritos de “fuera, fuera, fuera” y algunos insultos. El conseller catalán de Interior, Joaquim Forn, replicó a Zoido a través de Twitter asegurando que “la mejor medida es retirarse”.

De forma paralela, la Fiscalía abrió diligencias para averiguar si la expulsión de policías y guardias civiles de los hoteles de Calella y Pineda de Mar (Barcelona) constituye un delito de odio “cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española”. El propio Ministerio Público desestimó ayer una denuncia del Govern sobre las cargas policiales del domingo, al considerar que “en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana”. En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pidió al coordinador de mandos policiales ante el 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que le envíe el plan de actuación que diseñó para el día del referéndum, su grado de cumplimiento por parte de cada cuerpo policial y la relación de incidentes.

Los frentes abiertos por la situación en Catalunya son múltiples, y así la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, denunció ante la Fiscalía a los Mossos por no cumplir, a su juicio, la ley el 1-O y por la expulsión de compañeros de hoteles. Mientras, todos los sindicatos de la Policía Nacional solicitaron al Ministerio del Interior que adopte “medidas urgentes y efectivas” para garantizar la seguridad de los agentes ante los “ataques, acoso, persecución y señalamiento” que están viviendo. El director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, denunció los “insultos y acoso injustificados e intolerables” a los policías en Catalunya por “garantizar el cumplimiento de la ley y defender el Estado de derecho”.

Escoltados Mientras, la tensión sigue palpándose a pie de calle, lo que se acrecentó ayer por la huelga general. Para evitar una reacción de la ciudadanía demasiado subida de tono, Carles Puigdemont subrayó en Twitter que “la paz, el civismo y la dignidad nos han llevado hasta aquí”, por lo que llamó a que “nos mantengamos comprometidos como nunca”. Los Mossos d’Esquadra usaron la misma red social para pedir que los concentrados frente al edificio de la Jefatura de Policía Nacional en Barcelona facilitaran la entrada y salida de efectivos.

Pese a ello, se produjeron encontronazos como una concentración frente a la sede de Ciudadanos en Barcelona que provocó que los parlamentarios José María Espejo-Saavedra, Carlos Carrizosa y Fernando de Páramo tuvieran que ser escoltados por los Mossos. Varios miles de personas se concentraron también ante la sede del PP, y el líder popular en Catalunya, Xavier García Albiol, fue recibido con una fuerte bronca en Pineda del Mar, adonde acudió para apoyar a las FSE.