VITORIA - Urkullu pidió ayer que se respete a Euskadi, sus derechos históricos, su lengua, cultura, educación, economía, servicios públicos y autogobierno. También defendió que Euskadi tiene el derecho y la capacidad de decidir su futuro. Su argumentación a favor del pacto le llevó nuevamente a defender un ejercicio acordado del derecho a decidir, “de forma legal y pactada, con garantías”. En su intervención, más que Escocia y Quebec, puso como modelo a Reino Unido y Canadá, una forma implícita de colocar la carga en los estados para que sean ellos quienes reconozcan el derecho legítimo de los pueblos a ser consultados como hicieron las autoridades británicas y canadienses. Traducido al caso catalán, el peso se sitúa en Madrid, que no ha permitido el referéndum y debería haber tomado nota de Canadá y Reino Unido. “El modelo es Quebec. Mejor dicho, Canadá, que acepta la Ley de Claridad. El modelo es Escocia. Mejor dicho, Reino Unido, que acepta su realidad plurinacional, acepta que Escocia decida su futuro en democracia y libertad”, defendió.

El lehendakari no se despegó ayer un milímetro de su apuesta por el pacto con el Estado para alumbrar un nuevo estatus de autogobierno en Euskadi. Urkullu es consciente de las dudas que puede despertar esta apuesta en algunos sectores, sobre todo cuando el Estado está actuando como un frontón ante las reivindicaciones catalanas, y también teniendo en cuenta la manera en la que Madrid abusó de las leyes básicas para recortar competencias vascas durante la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy. Sin embargo, el lehendakari aseguró ayer que “este pueblo es tenaz” y seguirá insistiendo para que reconozcan sus derechos. “Creo en el diálogo y el acuerdo. Creo en la bilateralidad. Bilateralidad es reconocimiento mutuo, relación de igual a igual”, recalcó.

El lehendakari volvió a pronunciarse a favor de un nuevo estatus pactado tras haber presentado sus ejes y sugerencias en el reciente pleno de política general del Parlamento Vasco. El debate del nuevo estatus ha entrado en su fase decisiva. Los grupos comenzarán a partir de ahora a acordar las bases del documento en la ponencia parlamentaria. En principio, se estima que tendrán de plazo hasta finales de año. Después encargarán a un organismo externo o a un grupo de expertos juristas que redacten el articulado. Ese texto sería debatido por el Parlamento Vasco, tramitado en el Congreso de los Diputados y votado por los vascos en un referéndum. El PNV pide también una consulta habilitante antes de acudir al Congreso. El lehendakari planteó en el pleno parlamentario que se instaure una relación de igual a igual con el Estado, de tipo confederal. También reivindicó el derecho a ser consultados.