madrid - Mariano Rajoy defendió ayer que la libertad de expresión está garantizada en el Estado español, donde los ciudadanos pueden votar a quien quieran y hablar el idioma que deseen. El presidente español pronunció ese discurso en un momento en el que los soberanistas catalanes cuestionan su pedigrí democrático por impedir el referéndum de independencia del 1 de octubre y, sobre todo, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera investigar por sedición las concentraciones ciudadanas en contra de los registros y detenciones en el Govern, citando expresamente a la ANC y Òmnium. La Fiscalía denuncia la pegada de carteles en los vehículos de la Guardia Civil, que acabaron con las ruedas pinchadas, y la concentración en medio del operativo policial en la conselleria de Economía.

En la clausura de la Reunión de Presidentes Provinciales que se celebró ayer en Palma, aseguró que España es “una gran nación” y que, si se hace un “balance equilibrado”, tienen motivos “fundados” para sentirse “muy orgullosos”. Rajoy defendió la pluralidad que sería seña de identidad de España, y recalcó que se vive la diversidad “en paz, armonía y sin miedos”. Además, hizo hincapié en la libertad de expresión porque se puede ser “antisistema e independentista, se puede votar a quien uno quiera, rezar lo que quiera y hablar el idioma que quiera”. Dio la vuelta al debate y aseguró que no se pueden imponer ideas a los demás ni imponer un régimen político, “así como obligar a desobedecer la ley”, en alusión al Govern.

El presidente pidió a la Generalitat que termine con los “acosos y las manifestaciones”, así como la “manipulación de los niños”. “Disfrutamos de una democracia tolerante y que nos ampara a todos, incluso a los independentistas. Saltarse la ley a la brava no es hacer política. La ley en España se aplica con todas las garantías y sin excepción”, recalcó.

Amnistía Internacional, por el contrario, pidió ayer que las manifestaciones ciudadanas no sean consideradas ilegítimas, y reclamó a los responsables estatales y autonómicos que cumplan la obligación de “respetar y garantizar los derechos humanos”, entre los que destacó la libertad de expresión. “Estos derechos deben ser protegidos en todo momento, y cualquier restricción sobre ellos debe ser impuesta solo cuando es demostrablemente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los derechos de otros”, subrayó la organización en un comunicado. Concretamente, puso de relieve que las manifestaciones espontáneas no deben ser consideradas ilegales y avisó a las autoridades de que no deben “esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación” para obstaculizarla ni “imponer sanciones penales ni sanciones administrativas consistentes en multas”.

“Declaraciones como las del delegado del Gobierno en Madrid, amenazando con multar a las personas que se manifiesten espontáneamente, están fuera de lugar y ponen en peligro el derecho de reunión pacífica”, dijeron desde Amnistía Internacional. También consideraron “injustificadas” las suspensiones de dos actos por el referéndum en Gasteiz y Madrid.

AVISO DEL PSC El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por su parte, aseguró ayer que los socialistas “obligarán” a Rajoy a buscar una solución pactada para Catalunya, y el líder del PSC, Miquel Iceta, avisó de que la operación contra el 1-O no puede ser excusa para “limitar” derechos. Iceta avisó al Estado de que la voluntad “legítima” de impedir un “referéndum ilegal” no puede ser excusa para prohibir que los ciudadanos se expresen libremente: “No podemos aparecer al lado de quienes quieren limitar los derechos de la gente”.

“La gente tiene que poder hablar de independencia, de derecho a decidir, de lo que quieran”, dijo Iceta, que también censuró que se pretenda acusar de “sedición” a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. También avisó de que los socialistas defenderán “la autonomía de Catalunya”. - DNA