BARCELONA - Los tres primeros alcaldes citados ayer ante la Fiscalía como investigados por colaborar en la organización del referéndum se acogieron a su derecho a no declarar. Por la mañana acudió a la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya el primer edil de Mollerusa (Lleida) y diputado del Parlament, Marc Solsona. Mientras, en la sede del Ministerio Público en La Seu d’Urgell (Lleida) se personaron los alcaldes de Oliana, Miquel Sala, y El Pont de Suert, José Antonio Troguet. Todos ellos se negaron a prestar declaración, dado que consideran que la Fiscalía se está extralimitando al imputarles, ya que la causa del referéndum está judicializada.
A su salida de la sala, el alcalde de Mollerusa aseguró no tener miedo por su situación de investigado por el 1-O, y se reafirmó en su “compromiso” de colaborar con el referéndum de forma “serena y tranquila”, por lo que no se “echará atrás”. Denunció además que se le impidió exponer las razones por las cuales se negaba a declarar, motivo que le llevó a no firmar el acta de su comparecencia ante la Fiscalía, un órgano que ve “politizado”.
En cuanto a los alcaldes de El Pont de Suert y de Oliana (Lleida), pese a su negativa a declarar, la Fiscalía les hizo las preguntas que tenía previstas. Estos interrogatorios derivan de la instrucción que dictó la semana pasada el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para citar como investigados a 712 ediles, en su mayoría del PDeCAT, ERC y la CUP, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, afirmó ayer que las querellas “no pararán la voluntad” de los alcaldes, el Govern y los miembros de la Mesa de la Cámara, y reiteró que los catalanes podrán votar el 1-O “con garantías”. - C. C. B.
