barcelona - El Tribunal Constitucional (TC) notificó ayer a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo respectivamente, la resolución en la que le advierte de que no debe dar difusión al referéndum de independencia suspendido por el alto tribunal que la Generalitat pretende realizar el próximo 1 de octubre.

Según informó ayer el ente público catalán, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han trasladado ya a Sanchis y Gordillo la resolución del Constitucional que suspende la convocatoria del referéndum y advierte de la obligación de impedir las iniciativas encaminadas a celebrarlo. En concreto les recuerda que las cadenas públicas catalanas no deben informar de acuerdos o actuaciones que permitan la celebración de la consulta el próximo 1 de octubre. El aviso del Constitucional incluiría el spot oficial del 1-O, que hasta ahora está difundiendo la cadena autonómica, pero no afectaría al derecho a la información de ambas cadenas, sino que se refiere a la difusión de la campaña de publicidad de la Generalitat del 1 de octubre, que actualmente emiten TV3 y Catalunya Ràdio en sus bloques publicitarios.

“Le advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Particularmente, que se abstenga de iniciar, tramitar, informar y/o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña (...)”, reza la notificación recibida por Sanchis, tal como se aprecia en la web del canal 3/24-TV3.

De este modo, el alto tribunal les advierte de que puede incurrir en “eventuales responsabilidades, incluida la penal” si colaboran con la preparación u organización del referéndum del 1 de octubre.

Cuando se querelló contra el Govern y la Mesa del Parlament, la Fiscalía ya pidió que el Constitucional se dirigiera a los directores de todos los medios de comunicación con sede en Catalunya para que “impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum”

El Constitucional decidió que se notificara el acuerdo a más de 1.000 cargos públicos catalanes: el president Carles Puigdemont, y todos los miembros de su gobierno; el secretario del Govern, Víctor Cullell; 60 altos cargos más de la administración catalana, entre los cuales se encuentran Sanchis, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, el director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, y el major de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, así como los 948 alcaldes de los municipios de Catalunya. - DNA