madrid - El Gobierno español celebrará hoy un Consejo de Ministros extraordinario en el que tramitará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del Referéndum aprobada ayer por el Parlament y una vez que el Consejo de Estado haya emitido el informe pertinente. En el escrito que llevará el Ejecutivo al pleno del Constitucional que se celebra hoy se recalca que, en esta ocasión, no basta con declarar la nulidad de los actos impugnados, sino que debe ir acompañada de todas las medidas “que sean necesarias para evitar la continuación por la vía de hecho del Parlament del proceso de secesión”.
Ayer, el presidente español, Mariano Rajoy, ordenó a la Abogacía del Estado que pidiera al Constitucional paralizar la tramitación del proyecto de ley del Referéndum en el Parlament y actuar contra la presidenta de la Cámara legislativa catalana, Carme Forcadell, por la posible comisión de un delito penal, así como contra los miembros de la Mesa del Parlament que votaron a favor de la tramitación de la citada norma.
Según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo del PP reclamó a la Abogacía del Estado que presentara un incidente de ejecución de sentencia ante el Constitucional para evitar que el Parlament aprobara la ley del Referéndum, lo que finalmente ocurrió. A juicio del Gobierno español, los pasos dados por la Cámara vulneran las sentencias del alto tribunal de diciembre de 2015 y julio de 2017, y los autos de julio y octubre de 2016 y de febrero de 2017, todas ellas contrarias a la organización del referéndum de 1 de octubre.
Además, la vicepresidenta precisó que el Ejecutivo español solicita también al Constitucional que proceda a deducir testimonio de particulares, que abra la vía para que se exijan responsabilidades penales a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa que votaron a favor de la tramitación de la ley del Referéndum y a “cualquier otra persona” que haya participado activamente en los procesos impugnados. Sáenz de Santamaría señaló que se deben exigir esas responsabilidades porque el Constitucional obliga a los poderes públicos “a cumplir lo que el tribunal resuelva”. “Nadie en ese Parlamento debe ignorar que votar esa proposición de ley tiene graves consecuencias y que debe respetar al menos la democracia a la que ha jurado servir”, afirmó.
La mano derecha de Mariano Rajoy en el gabinete español cargó especialmente contra la presidenta del Parlament, a la que acusó de actuar conscientemente en contra de la legalidad y las resoluciones del Constitucional. “Demuestra que bajo su mandato ha muerto la democracia”, afirmó la vicepresidenta, que calificó de “abochornante” el espectáculo del Pleno del Parlament, un “acto de fuerza contrario a la democracia” y a los derechos de los parlamentarios, los derechos de los catalanes y de las competencias de los funcionarios. “El Gobierno garantiza que se mantendrá la dignidad de las instituciones”, sentenció. “Que nadie dude que sabemos lo que tenemos que hacer y que lo haremos. El Gobierno no va a permitir que la ley se incumpla”, recalcó Sáenz de Santamaría, que recordó que el Ejecutivo del PP cuenta con el respaldo de PSOE y Ciudadanos.
Recurso de Forcadell El Tribunal Constitucional deberá analizar también la recusación presentada por Carme Forcadell contra los doce miembros del alto tribunal de garantías por “falta de imparcialidad”. En su escrito, de 25 páginas, y que Forcadell presentó “en su condición de autoridad, como presidenta del Parlament de Catalunya y diputada en representación de la coalición electoral Junts pel Sí”, la mandataria considera que los miembros del Constitucional no pueden entrar a aplicar estas medidas de ejecución de sus sentencias al haberse convertido en “una extensión más de Gobierno del Estado” respecto de los recursos que se han ido presentando contra iniciativas de esta Cámara relacionadas con el proceso soberanista.
Forcadell pretende “paralizar cualquier procedimiento de excepción que pudiera plantearse el Constitucional hacia el Parlament o las funciones de la presidenta” mediante la presentación por el Gobierno español de incidentes de ejecución de la sentencia que en diciembre de 2015 anuló la resolución soberanista y prohibió cualquier actuación dirigida a hacerla realidad. - DNA
