BARCELONA - Tras muchos meses de advertencias y declaraciones cruzadas, las hostilidades a cuenta del proceso soberanista catalán han comenzado. Así lo interpretaron ayer al menos los máximos responsables de la Generalitat, el president Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras, que convocaron una comparecencia de urgencia a las 19.30 horas para denunciar un “incremento de las amenazas y agresiones” del Estado español. Ésa fue su reacción a la decisión del Tribunal de Cuentas de citar el próximo día 25, apenas una semana antes del referéndum independentista del 1 de octubre, a once ex altos cargos del Govern, entre ellos el expresident Artur Mas, para que abonen una fianza por los gastos de la consulta del 9-N de 2014, valorados en 5’2 millones de euros.
Durante la rueda de prensa, Puigdemont acusó al gabinete de Mariano Rajoy de dar un “salto cualitativo en su estrategia desesperada” por fomentar el “miedo” para intentar evitar la consulta del 1-O, tras “saltarse el Estado de derecho” con la última decisión del Tribunal de Cuentas. La misma se hizo pública, además, apenas unas horas antes del pleno del Parlament que se celebrará hoy y mañana, y en el que se aprobará la ley del referéndum que dará cobertura a la cita del 1 de octubre. Así lo confirmó también el president catalán aprovechando su intervención vespertina ante los medios, dando carta de naturaleza a lo que ya se daba por supuesto. “Es una semana decisiva e histórica. Aprobaremos la ley del referéndum y convocaremos a los ciudadanos a votar”, aseguró, cumpliendo con la hoja de ruta prevista y activando los resortes del Estado, con el Consejo de Ministros que podría reunirse hoy mismo para poner freno a esta iniciativa.
El Tribunal de Cuentas ha citado el día 25 en Madrid a once ex altos cargos del Govern, incluido Artur Mas, para comunicarles la fianza que deberán abonar para hacer frente al gasto público destinado a la consulta del 9-N, estimado en 5’2 millones de euros. Dicha fianza tiene como fin garantizar que podrán afrontar la condena en el caso de que ésta finalmente se produzca.
Según fuentes próximas a los implicados, entre los citados están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados, al igual que el expresident, por la consulta celebrada en 2014. El Tribunal de Cuentas ha incorporado a otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat. Además de la cuantía de la fianza, también se les comunicará cómo se reparte, dado que no todos los citados tienen el mismo grado de responsabilidad contable. En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes y cuentas de los investigados en la causa.
Utilización política Tras conocer la citación del Tribunal de Cuentas, Carles Puigdemont convocó una reunión extraordinaria en la Generalitat en que participaron varios consellers, Artur Mas y los presidentes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. En el encuentro constataron que Moncloa se siente impotente y ha dado “un salto cualitativo en su estrategia desesperada para aumentar el miedo como único instrumento para intentar frenar” el 1-O, utilizando políticamente el Tribunal de Cuentas para perseguir a cargos soberanistas, según el president.
Según él, esta decisión se basa en una “interpretación sesgada de la normativa que se salta todas las garantías procesales”. Ello evidencia que no es casual que “la represalia y la incautación de patrimonio” llegue la misma semana en que se convocará el 1-O. Aun así, avisó de que ya nada podrá parar la votación: “La única respuesta a los excesos del Estado es decir democráticamente que este estilo de construir estados no es el que queremos”.
Ayer mismo, la ANC y Òmnium Cultural pidieron a los catalanes que hagan aportaciones económicas a la caja de solidaridad creada hace meses para ayudar a pagar las multas y fianzas vinculadas al 9-N.
