madrid - Al Gobierno español no le va a pillar desprevenido cualquier avance súbito en la senda hacia el referéndum de independencia en Catalunya. El gabinete de Rajoy está preparado en la línea de salida para actuar tan pronto como los soberanistas abandonen los amagos y lleven al Pleno del Parlament las leyes fundamentales para soltar amarras con el resto del Estado. Conocidos los intestinos tanto de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació como de la de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, Moncloa lleva semanas trabajando en su respuesta a la ofensiva secesionista y ahora tan solo mira al reloj para poder intervenir.

Así lo evidenció ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que responderán de forma inmediata a la tramitación de cualquiera de las dos leyes. Lo harán independientemente de la manera en la que estas recalen en el hemiciclo catalán, ya que los continuos aplazamientos denotan que se hará mediante un itinerario poco habitual que, en todo caso, está recogido por el reglamento de la Cámara. De hecho, la posibilidad de que finalmente aterricen como decretos del Govern está ganando enteros en los últimos días frente a las exigencias de la CUP, que no quiere quedarse al margen de la iniciativa directa.

Sea uno u otro, el procedimiento que se acabe escogiendo no cambiará la respuesta del Gobierno español, tajantemente contrario a los planes de Puigdemont. “Que alguien pretenda constituir una autocracia en la que el president de la Generalitat mande sobre el Parlament, los jueces y todo el mundo, que dinamite la división de poderes y la mínima responsabilidad política, me parece un producto sencillamente aberrante”, exhortó ayer Sáenz de Santamaría.

Al igual que el Govern está tratando de obstaculizar las acciones de Moncloa postergando la aprobación de las leyes de desconexión, desde Madrid tampoco quieren revelar pistas sobre las acciones que llevarán a cabo una vez que se produzca ese movimiento clave en el tablero de juego. Ningún componente del gabinete ha concretado públicamente cómo harán frente al reto, aunque todos los actores entienden que se alargará nuevamente la estrategia de la judicialización. A un mes de la celebración del plebiscito unilateral, ambas partes asumen que ya no hay tiempo para la política, máxime tras el fracaso de los innumerables llamamientos al diálogo cuando la escalada no había alcanzado las actuales cotas.

El Gobierno español acudirá a la ventanilla del Tribunal Constitucional en busca de que las normas queden derribadas. No obstante, y a diferencia de otros antecedentes, ahora la Generalitat reitera que no obedecerá a lo que determine el alto tribunal, por lo que las impugnaciones pueden no resultar suficientes para detener el referéndum. Sáenz de Santamaría no quiso ponerse en ese escenario, pero sí expresó que los soberanistas “están dispuestos a saltarse todo porque han perdido toda vergüenza democrática”.

PUIGDEMONT EN DINAMARCA Moncloa aprovechó el viaje de Puigdemont a Copenhague, donde inauguró la embajada catalana en los países nórdicos, para poner en solfa el rechazo de la comunidad internacional a sus planes independentistas. El president de la Generalitat se trasladó hasta Dinamarca en una visita en la que muchos habían denotado previamente un importante cariz político. Y es que en algunas instituciones del país noreuropeo se llegó a forjar en su día un clima relativamente favorable al derecho a decidir.

En todo caso, Puigdemont no ha acabado recogiendo ningún fruto de su visita a tierras danesas, ya que ningún miembro del Gobierno de ese país se reunió con él. Este hecho fue esgrimido ayer por el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para subrayar que es “la confirmación de que los secesionismos y las rupturas de países no van a ningún sitio” y que un fenómeno de estas características “es contrario a los objetivos que todos perseguimos con nuestro esfuerzo en pro de la unidad europea”.