BARCELONA - El Gobierno español no va a suspender la autonomía catalana para impedir el referéndum de independencia del 1 de octubre. No va a aplicar el artículo 155 de la Constitución española, pero esa renuncia no se plantea como un gesto político a los soberanistas, porque Rajoy sigue manteniendo que la votación no tendrá lugar. Lo que evita el Ejecutivo español es llevar la iniciativa en este conflicto. Su planteamiento consiste en derivar el asunto a instancias judiciales y policiales para que sean ellas quienes eviten el plebiscito. El PP citó el martes por boca de Rafael Hernando el delito de sedición, el incumplimiento de las resoluciones judiciales y el papel de los Mossos.

El escenario ideal para el Gobierno español consiste en que el Tribunal Constitucional tumbe y suspenda todas las decisiones que tengan que ver con la logística y la cobertura económica del referéndum. Se trataría de estrangular los preparativos para evitar en la medida de lo posible una actuación policial sobre el terreno el mismo día de la votación. Para el PP, es el mejor de los supuestos porque cree que las decisiones tendrían la legitimidad de haber sido adoptadas por los jueces. A su entender, es una vía proporcional que evitaría el “victimismo” ante instancias internacionales. Pero parece asumido que no será suficiente para detener la votación.

El Constitucional también podría poner fin a la carrera política de los cargos soberanistas que en los próximos días no atiendan las suspensiones de las distintas resoluciones del Parlament e incumplan sus sentencias. Esta vía es muy controvertida y genera debate en el propio tribunal. Este escenario es posible por la reforma impulsada por el PP en 2015, que faculta al Constitucional a hacer cumplir sus sentencias y contempla medidas fulminantes. Los magistrados pueden multar a los cargos públicos con multas de entre 3.000 y 30.000 euros, o con una inhabilitación. A día de hoy, el Constitucional nunca ha aplicado estas medidas porque no es un tribunal que se distinga por su capacidad sancionadora, y es una dinámica más propia de la justicia ordinaria. Se ha limitado a trasladar los casos a la fiscalía para que interpusiera querellas en los tribunales.

El Tribunal Constitucional, que está presidido en la actualidad por el conservador Juan José González Rivas, ha sido una piña a la hora de tumbar declaraciones soberanistas por unanimidad. No obstante, la posición no es tan monolítica en la aplicación de esta reforma. El tribunal la avaló el año pasado, pero lo hizo dividido, con ocho votos a favor y tres en contra. Provocó un intenso debate y dudas sobre su constitucionalidad en algunos sectores, además de cierta incomodidad por el papel que otorgaba el Gobierno español a los jueces en un conflicto fundamentalmente político.

la declaración de julio El enganche que ve el PP para que actúe el Tribunal Constitucional es la suspensión de la declaración del Parlament del 27 de julio de 2016. Esa declaración activó la vía unilateral. La iniciativa apostaba dar forma a las estructuras de Estado y, a través de un mecanismo unilateral (referéndum o elecciones), activar una asamblea constituyente que redactaría una Constitución. Ha sido el paraguas de todas las actuaciones que han venido después. Por lo tanto, los miembros de la Mesa del Parlament, con su presidenta Carme Forcadell al frente, y los miembros del Govern, podrían ser inhabilitados en cualquier momento por haber incumplido los mandatos del Constitucional. De hecho, el tribunal ya se quejó en ese momento de que la votación de julio nunca debería haberse producido, y cree que Forcadell tendría que haberla impedido. Además, volvió a avisar a los soberanistas de las responsabilidades en las que pueden incurrir si desoyen su pronunciamiento.

Hasta la fecha, sin embargo, cada vez que el tribunal ha suspendido una actuación, se ha limitado a avisar de las eventuales consecuencias penales de un incumplimiento, pero no ha inhabilitado a nadie. En el caso de la declaración de julio del año pasado, el Constitucional abrió por primera vez la vía penal porque Forcadell no frenó la votación. Sin embargo, lo que hizo fue dejar constancia de que hubo un incumplimiento, y a renglón seguido trasladó la responsabilidad al Ministerio Fiscal. Es decir, se puso de perfil, no fijó una multa ni inhabilitó a nadie, y dejó en manos de los fiscales decidir si había delito o no. La causa se encuentra ahora mismo en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con unos tiempos más dilatados.

Hernando también mencionó ayer el delito de sedición. Supondría un salto cualitativo en el proceso y, probablemente, un estallido de tensión. Hasta ahora, las condenas impuestas a los cargos soberanistas se han limitado a su inhabilitación, como sucedió con el expresident Artur Mas por la consulta del 9 de noviembre de 2014. El delito de sedición implica hablar abiertamente de penas de cárcel. En concreto, pueden imponerse hasta quince años de prisión. La Guardia Civil ha tomado declaración en las últimas semanas a varios cargos de escalas inferiores del Govern en la investigación al exsenador de ERC Santiago Vidal, que habló de prácticas irregulares y partidas ocultas para el referéndum. En esa causa, están sobrevolando delitos como la malversación y la sedición.

La otra baza que tiene Madrid consiste en que, si todo lo demás falla y llega el día de la votación con el referéndum en pie, la justicia ordinaria encargue a los Mossos d’Esquadra que se lleven las urnas. Es un escenario muy complejo para los agentes, que se encontrarían atrapados entre la legalidad española y la catalana. También se ha especulado con que Madrid tome el control de los Mossos a través de la Ley de Seguridad Nacional, que prevé esa excepcionalidad en situaciones extremas. Es un escenario que se asemeja mucho a la suspensión de la autonomía y podría estar descartado. El Gobierno español lo fía todo al papel de los jueces, a pesar de que el expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, avisó el año pasado en su discurso de despedida de que el problema catalán no puede encauzarse en exclusiva a través de los magistrados.

aviso del psoe En ese contexto, la oposición pidió ayer a Rajoy que busque soluciones políticas. Desde el PSOE, Adriana Lastra llamó al diálogo antes del referéndum y de que haya “una ruptura en el orden constitucional”. Los socialistas reunirán a su Comisión Ejecutiva Federal el día 28 para decidir las iniciativas que van a llevar al Congreso, una gestión no del todo sencilla por los recelos que provoca la plurinacionalidad en la poderosa federación andaluza. La discusión radica ahora en cifrar cuántas naciones hay en el Estado. Fuentes de Podemos lamentaron en Europa Press que el PP añada “más leña al fuego” citando la sedición.