BARCELONA - Ante las reiteradas advertencias del Gobierno español, los soberanistas catalanes mantienen en la sombra su ofensiva final para conseguir que se celebre el plebiscito de independencia. La Mesa del Parlament aún tiene que admitir a trámite la Ley del Referèndum d’Autodeterminació, una norma fundamental para convocar oficialmente la cita unilateral con las urnas. Pese a que el órgano parlamentario se reunirá este mismo miércoles, ese punto no está contemplado de momento en el orden del día. Rajoy cuenta con ello para reunir inmediatamente al Consejo de Ministros e impugnar el texto ante el Constitucional, pero Junts pel Sí y la CUP no han hecho efectiva la decisión y no se descarta que tracen recorridos alternativos para regatear la réplica judicial de Madrid.

Aún es posible que se altere el orden del día en el último minuto, pero también hay otras vías. El primer atajo que sondearon los soberanistas fue la reforma del reglamento del Parlament, con la que pretendían aprobar las leyes de desconexión en un solo día y mediante lectura única. La vía quedó desterrada por la suspensión cautelar del TC, pero sus impulsores se aferran a preceptos del código original para llegar al mismo destino. En concreto, dos artículos -el 81.3 y el 135.1- autorizan el cambio del orden del día previsto en un pleno y la tramitación directa mediante lectura única de un proyecto de ley, donde el propio Govern tendría que tomar la iniciativa. La primera de las dos opciones fue aireada públicamente ayer por la CUP, que está ejerciendo presión sobre sus socios para acelerar sin mirar a Madrid por el retrovisor.

En una entrevista concedida a VilaWeb, la diputada Eulàlia Reguant apostó por emplear esa vía, que ya ha sido utilizada en otras ocasiones. El procedimiento se activa a petición de la presidenta del Parlament, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados. Los soberanistas disponen de un plácido control sobre esas tres maneras. Según las previsiones de la representante anticapitalista, la norma del 1-O se aprobará a principios de septiembre, por lo que el lapso entre la convocatoria oficial y la celebración de la votación será anormalmente exiguo. En unas elecciones al uso, la LOREG establece un margen de 54 días.

Por un lado, los convocantes del 1-O tratan de alargar los plazos para obstaculizar la respuesta de Rajoy, pero, por el otro, se ven apremiados por la cercanía de la fecha. - X.G.