Estamos en julio de 2016, hace poco más de un año. El Parlamento Vasco debate y vota en pleno la Ley de Turismo, que sale adelante con el apoyo de los parlamentarios de PNV y EH Bildu. Desde la tribuna, el portavoz de la coalición abertzale, Iker Casanova, desarrolla una vehemente defensa de la norma, a la que considera “un paso adelante hacia la construcción de un modelo turístico vasco”, objetivo en el que pide profundizar para “sacar el máximo provecho a la dimensión económica y cultural” del sector. Sobre los pisos turísticos -que considera “uno de los elementos centrales” de la ley-, Casanova asegura que la nueva norma que defiende “no plantea ninguna restricción, ni barreras de entrada inaccesibles. Plantea que cualquier persona que quiera ofertar su vivienda o una habitación para realizar esa actividad lo pueda hacer con plena libertad y mediante la presentación de una simple declaración, que no es más que un documento fácilmente rellenable y fácilmente presentable ante la Administración, que no debe realizar ninguna comprobación ni autorización antes del inicio de esta actividad”. Durante toda su intervención, no menciona el turismo como posible problema ni sugiere conceptos asimilables a la masificación.

29 de junio de 2017, hace poco más de un mes. Iker Casanova vuelve a la tribuna del Parlamento, esta vez para defender una moción -que fue apoyada por unanimidad por todos los grupos- para instar al Gobierno Vasco a realizar un estudio sobre las viviendas turísticas “clandestinas”. El portavoz de EH Bildu sostiene en varias ocasiones que su grupo “no está en contra de los pisos turísticos”, sino contra los que son “ilegales”. “A día de hoy el turismo no es percibido como una amenaza por la mayoría de la sociedad, ni se tiene la conciencia de que exista un exceso de turismo en este país. Y eso es así básicamente porque no existe. Pero sí hay zonas en las que se está empezando a generar un germen de problema”, afirma.

8 de agosto de 2017, esta misma semana. Casanova, al igual que Arnaldo Otegi, se ve interpelado en medio de la campaña de las juventudes de Sortu (Ernai) que incluye ataques con pintura y manifestaciones y otras movilizaciones y que muchos sectores han denominado “de turismofobia”. El parlamentario sale al paso mediante un artículo publicado en El Correo, titulado Turismo, un debate necesario. En el texto, afirma que este sector tiene “sus pros y sus contras”. “El turismo es acusadamente estacional, tiende a la concentración territorial, genera poco valor añadido y demanda una mano de obra de baja cualificación a la que se retribuye también con moderación. Puede dar pie, por otro lado, a una invasiva ocupación del espacio en pueblos y ciudades”, escribe. Y añade: “Negar que el turismo puede generar problemas es negar la evidencia. Calificar de turismofobia la crítica al desarrollismo turístico es demagógico. Pero tampoco compartimos la descalificación del turismo en su globalidad o los insultos a los turistas, porque no son justos ni tienen sentido”.

¿Ha habido un cambio de discurso y de opinión en la izquierda abertzale respecto al turismo en tan solo un año, como se insinúa desde el resto de partidos? EH Bildu no lo considera así y asegura que mantiene su apoyo a la Ley de Turismo aunque exige al Gobierno Vasco que pise el acelerador con el censo de pisos turísticos, pero los términos y el tono del discurso se han radicalizado de forma clara al hilo de las iniciativas de Ernai y las críticas que la izquierda abertzale en general está recibiendo por ello.

Las claves sobre las que pivota la actual polémica sobre el turismo introducidas por EH Bildu son: la necesidad de un debate sobre el tema y sobre el modelo turístico, la masificación en algunas zonas, los pisos turísticos -que además encarecerían la vivienda para los vecinos- , el supuesto plegamiento a los intereses del lobby del sector - “no nos representa”- y la precariedad laboral que genera esta actividad económica.

Sin embargo, el diario de sesiones del Parlamento no permite apreciar en los discursos del portavoz abertzale una identificación con los términos que ahora emplea la coalición.

En primer lugar, cabría preguntarse por la necesidad de abrir un debate sobre el turismo en Euskadi cuando hace poco más de un año ha estado durante meses en el Parlamento, durante toda la tramitación de la Ley, eso sí, acortada por la premura del tiempo. El propio Iker Casanova aseguró en aquel pleno: “Se ha desarrollado un intenso trabajo de interlocución con los diferentes agentes que componen este sector, a través de multitud de reuniones y contactos. Nos ha permitido conocer e incorporar la voluntad del sector en el cuerpo de esta ley. Hemos dado pie a una ley de turismo bastante buena, que responde a las necesidades del sector y que puede articular un sector económico dinámico y en crecimiento”, términos que difieren del “poco valor añadido” y la “invasiva ocupación del espacio”.

consenso En total, el Parlamento acogió durante los trámites dieciocho comparecencias en comisión de representantes del sector y de otros ámbitos, así como de expertos. El sector turístico apoyó por unanimidad el anteproyecto de ley, lo que fue alabado también por el portavoz de EH Bildu: “El sector quería una ley, el sector quería esta ley y el sector quería la ley ya. La reclamación era muy clara y EH Bildu responderá al reto”, afirmó Casanova.

Con respecto a la precariedad laboral, el parlamentario independentista alardeó de que EH Bildu había introducido en la ley “la protección de los derechos de las personas trabajadoras en este sector: sus necesidades de formación, de dignificación de los puestos de trabajo, que sean tenidas en cuenta sus condiciones laborales a la hora de evaluar la calidad de la oferta turística”.

Sobre los pisos turísticos -uno de los caballos de batalla- EH Bildu -que los denominaba “nuevo sector emergente” y “nuevas formas asimiladas a la economía colaborativa”-, Casanova ha defendido esta modalidad en todo momento, siempre que sea legal y no “clandestina”. Según afirmó en el pleno de hace un año, la ley deja la puerta abierta a la dignificación de estos alquileres entre particulares, “para que un sector que es necesario, legítimo y a promocionar pueda tener un marco regulatorio adecuado; que no se les imponga ninguna barrera, pero que, al mismo tiempo, dé garantías a la Administración y a las personas usuarias de que ese servicio se presta con total garantía legal”. Ahora, Casanova acusa al Gobierno de “tardanza” en “poner coto a los pisos turísticos clandestinos” y advierte de que “denunciarán la masificación allá donde realmente se dé”.