La Generalitat parece dispuesta a ignorar por completo los dictámenes del Tribunal Constitucional para paralizar el 1-O, aun a costa de enfrentarse a sanciones patrimoniales y a inhabilitaciones de altos cargos. Así lo aseguró ayer el conseller de Territorio, Josep Rull, que defendió la firme intención del Govern de llevar a cabo el referéndum aunque el Gobierno español lo impugne y el TC lo suspenda.

Josep Rull argumenta que la ley del referéndum va a ser aprobada por un Parlament que es “legítimo y democrático”, por lo que considera que dicha norma debe aplicarse aunque sea rechazada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y por el Constitucional. El Govern no quiere calificar su postura de desobediencia al Estado, simplemente entiende que tiene que acatar las leyes que la Cámara catalana ratifica. “Lo que haremos es obedecer una ley que ha sido aprobada por el Parlament de Catalunya y le daremos plena vigencia”, expresó Rull.

El conseller cree además que a la Generalitat le asisten dos derechos reconocidos internacionalmente: el principio democrático, que reconoce el referéndum como una operación legítima; y el derecho de excepción, que a juicio del Govern le permite sortear los dictámenes del TC. Según Rull, Catalunya ha intentado de “buena fe” pactar la consulta y, al negarse el Estado, entiende que pueden elaborar su propia ley catalana para realizar la votación “El Estado se ha negado sistemáticamente a hacer lo que han hecho Escocia y Quebec. Ante esto pondremos las urnas de acuerdo con un parlamento legítimo y democrático que es el Parlament de Catalunya”, reiteró.

Por su parte, en el PP opinan que lo que los independentistas quieren es que el Estado actúe con desproporción para poder emprender una campaña de victimismo y tensión. En palabras del dirigente popular Javier Arenas, la Generalitat busca una reacción “desmedida y desproporcionada” del Gobierno de Rajoy, pero recalcó que éste no va a “caer en la trampa”. En términos similares, el vicesecretario de Política Autonómica del PP señaló que Carles Puigdemont y sus socios desean “conseguir crispación”. Ante ello, garantizó que el Ejecutivo español “va a responder con mucha mesura y responsabilidad”, por lo que “nadie puede esperar una respuesta airada ni de Rajoy ni del Gobierno”.

Arenas defiende que frente al proceso soberanista hay que responder con la legalidad y el Estado de Derecho. En este sentido, asegura que el Gobierno español dispone de “instrumentos suficientes” para que “no se celebre un referéndum” que es “ilegal”. Es más, el dirigente popular no descarta que se aplique finalmente el artículo 155 de la Carta Magna, que suspende la autonomía a Catalunya. “Bajo ningún concepto se renuncia a ninguno de los instrumentos de los que la Constitución dota al propio Estado”, explicó.

oferta a catalunya Sin embargo, hay voces dentro del PP que se muestran más conciliadoras y propensas a negociar con la Generalitat. Ayer mismo el ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo defendió que desde el Gobierno español “hay que ir pensando en hacer una oferta a la sociedad catalana” y hay que analizar “soluciones” ante la confrontación con Catalunya.

El ex titular de Exteriores aseguró que, aunque “no puede haber referéndum” porque ninguna consulta tiene valor jurídico en el actual marco constitucional, la “guerra de nervios” entre España y Catalunya “no puede perpetuarse en el tiempo” y requiere de una solución. De cualquier manera, García-Margallo explicó que el Estado español tiene “un arsenal de medidas” suficientes dentro de la Constitución para evitar la independencia catalana.