madrid - El PP cumplió ayer su amenaza y acudió al registro del Tribunal Constitucional (TC) para recurrir la comisión de investigación del Congreso sobre su presunta financiación irregular. Los populares consideran que el funcionamiento de este órgano parlamentario está “vulnerando derechos fundamentales” al no delimitar desde un principio su marco de trabajo. En la impugnación, solicitan que el alto tribunal declare la nulidad de los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara Baja en relación a la comisión, aunque no piden la paralización de sus trabajos, por lo que seguirá en activo.
La apertura de la comisión de investigación sobre su supuesta caja B ha sido una piedra en el zapato para el PP desde el arranque de la presente legislatura. La aceptaron a regañadientes como una de las condiciones sine qua non que Ciudadanos exigió para apoyar la investidura de Rajoy, pero a partir de entonces trataron de poner todo tipo de trabas. De hecho, el propio presidente español amagó con llevarla al Senado, donde su partido cuenta con mayoría absoluta. Finalmente se constituyó en el Congreso, pero los populares respondieron con otra comisión sobre la financiación del resto de partidos en la Cámara alta.
La principal reticencia del PP pasa por la delimitación expresa de los trabajos de la comisión. En su puesta en marcha, no se acotaron límites temporales, institucionales ni materiales. Para la formación de Génova, no se puede activar un plan de trabajo sin conocer el objeto específico de la comisión. “No es investigar si hay algo que averiguar, sino concretar qué se quiere investigar y no demonizar”, afirmó el lunes el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo.
El número tres de la formación denunció que la comisión se ha convertido en “una causa general contra el PP” y confió en que la impugnación suponga un freno a la activación de comisiones de investigación por parte de la oposición parlamentaria. “Esperamos y deseamos que el Tribunal Constitucional entre al fondo del asunto. Ya que los grupos no han querido, a pesar de que el PP lo ha pedido, que sea el alto tribunal el que decida los límites constitucionales de las comisiones de investigación para evitar esperpentos como los que se están produciendo”, manifestó.
Por la comisión ya han desfilado antiguos tesoreros del PP como Rosendo Naseiro, Ángel Sánchis o Luis Bárcenas y la actual encargada de las finanzas populares, Carmen Navarro. Aunque todavía no se ha concretado el calendario de trabajo para el próximo curso político, Rajoy también tendrá que comparecer. Previsiblemente será el último en hacerlo. - DNA
