bilbao - El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibirá hoy de manos de la Comisión de Valoración del Decreto de Víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política en Euskadi entre 1960 y 1978, el informe final de los 187 damnificados “por abuso de poder o uso ilegítimo de violencia policial” durante ese periodo de tiempo.
El estudio, que lleva el título de Saliendo del olvido, incluye entrevistas y datos exhaustivos que esta Comisión de Valoración ha recopilado sobre estas víctimas, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno Vasco.
Sobre estos 187 damnificados - de los cuales una treintena de ellos fallecieron por disparos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado-, ya se realizó un primer informe, que fue entregado al lehendakari en un acto en el Kursaal donostiarra que se celebró el 20 de febrero de 2016 y que supuso un homenaje a estas víctimas.
En aquella ocasión, y ante los familiares de las vícimas, el jefe del Ejecutivo vasco aseguró que el daño que sufrieron estas personas fue “injusto y nunca debió suceder”. Ante las más de un centenar de personas que asistieron al acto, Urkullu afirmó que, “en el futuro, nunca más, ni una causa política o razón de estado, debe situarse por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida”.
Además, recordó que el Decreto 107/2012 había permitido ofrecer “reparación una a una” a víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas entre 1960 y 1978, que hasta entonces no habían sido reconocidas.
Ley de abusos policiales El Gobierno Vasco se encontraba, entonces, tramitando la Ley de Víctimas de Abusos Policiales que se aprobó en el Parlamento el 28 de julio de 2016 bajo la denominación de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999.
Esta norma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional el pasado 10 de mayo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al considerar, entre otras cuestiones, que la Comisión de Valoración recogida en la Ley, a la que se atribuye la función de analizar las peticiones de reparación presentadas por las víctimas, invade competencias exclusivas de los tribunales de Justicia.
De hecho en los últimos días ha habido un cruce de declaraciones entre el delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca, Javier de Andrés, y el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández.
De Andrés afirmó el pasado jueves que la ley “no estaba bien hecha” y además asumía competencias de los jueces. “La discusión no está en si se repara o no a las víctimas de actuaciones policiales. Ésa no es la cuestión. A todos nos interesa que esa reparación se produzca. Lo que se está discutiendo es cómo se hace esa reparación. Lo que no podemos dar por bueno es que Jonan Fernández constituya una comisión que se proponga a sí misma como capaz de decir quién tiene la culpa y quién es el culpable. Eso no es admisible”, manifestó De Andrés.
La respuesta de Jonan Fernández no se hizo esperar. El secretario de Paz y Convivencia reclamó del delegado español en la CAV “respeto” a las decisiones adoptadas por el Parlamento Vasco y le instó a que, si de verdad está interesado en la reparación de las víctimas policiales”, redacte una ley en este sentido.
Sobre la constitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento Vasco y ahora recurrida por el Gobierno español ante el alto tribunal de garantías, los servicios jurídicos del Gobierno de Gasteiz elaboraron un informe en su día, cuando el proyecto de ley se iba a presentar ante la Cámara, en el que se señalaba que el reconocimiento de las víctimas d estos abusos policiales no se realizaba en un plano judicial, sino administrativo. De hecho, en el informe, al que tuvo acceso este diario en su día, se dejaba claro que “la ley no entra a determinar el carácter delicticvo del hecho ni el grado de autoría o participación , sino solamente constata la vulneración sufrida por la víctima a efectos de reconocimiento y reparación. Los contenidos d esta ley no tienen vocación de sustitución de la jurisdicción penal”.
Contra lo que platea el recurso del Gobierno español ante el Constitucional y lo declarado por Javier De Andrés, los servicios jurídicos del Ejecutivo de Urkullu dejan claro que no hay ninguna intención de intervenir en las actividad judicial y supone una “actividad admnistrativa diriogda a a materializar la obligación internacional de reparación de las víctimas”, tal como se recoge en una resolución de la ONU de 2005. - DNA
