SEVILLA. Así se ha acordado en una reunión mantenida en la mañana de este viernes por los tres magistrados que compondrán el tribunal encargado de enjuiciar esta pieza separada con los fiscales delegados Anticorrupción, los abogados que ejercen la acusación particular en nombre del PP-A y los letrados defensores de los 22 ex altos cargos.
Varios abogados presentes en la reunión han informado a Europa Press de que, de este modo, la vista oral comenzará el 13 de diciembre con las cuestiones previas, que se prolongarán también los días 14 y 15 de ese mismo mes en horario de mañana, tras lo que el juicio se reanudará ya el día 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.
TRES DIAS DE JUICIO A LA SEMANA
A partir del día 9 de enero de 2018, el juicio tendrá sesiones los lunes y martes en horario de mañana, a partir de las 10,00 horas, y los miércoles en horario de mañana y tarde, aunque se podría habilitar alguna sesión semanal más en caso de que fuera necesario.
Las fuentes han indicado que, en la reunión, que se ha prolongado por espacio de más de una hora, no se ha acordado cuánto tiempo durará el juicio, de forma que este extremo se irá perfilando una vez comience la vista oral en virtud de cómo se vayan desarrollando las declaraciones tanto de acusados como de testigos.
No obstante, todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses.
De igual modo, el tribunal, cuyo ponente será el magistrado Juan Antonio Calle Peña, será flexible y tendrá en cuenta a la hora de fijar las distintas declaraciones si alguno de los abogados personados tiene otro señalamiento ese mismo día.
LA PRIMERA PIEZA EN LLEGAR A JUICIO
La pieza del 'procedimiento específico' por el que se concedieron las ayudas investigadas será la primera en llegar a juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla.
El ponente del juicio será el juez Juan Antonio Calle Peña después de que la Sección Tercera de la Audiencia admitiera la recusación promovida por el PP-A y Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado inicialmente como ponente.
Cabe recordar que el magistrado rechazó abstenerse como ponente del juicio pero solicitó a la Audiencia que valorase la "perturbación" generada en la actividad "ordinaria" del tribunal tras las recusaciones planteadas, a las que se opuso también la Fiscalía Anticorrupción aunque con matices, pues le pidió que analizara si como alto cargo conoció los procedimientos administrativos.
LAS PETICIONES DE ANTICORRUPCIÓN
Entre los 22 ex altos cargos acusados, y además de Chaves y Griñán, hay seis exconsejeros de la Junta de Andalucía, como son José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Alvarez, dos exviceconsejeros o dos ex directores generales de Trabajo.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
