bilbao - Carles Campuzano sustituyó en abril en la portavocía del PDeCAT en el Congreso de los Diputados a Francesc Homs, inhabilitado por los tribunales por su responsabilidad en la consulta del 9-N de 2014. Lleva 21 años como diputado en el hemiciclo español, la mayoría de ellos jugando un papel distinto al actual en el que el proceso soberanista catalán iniciado por el Govern de Puigdemont le obliga a una frontal oposición al Gobierno español y a las fuerzas mayoritarias en la Cámara baja en defensa del derecho a decidir y del referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.

¿Se va a celebrar el referéndum?

-El compromiso que tiene la mayoría parlamentaria que sustenta el Govern es muy evidente y de lo que se trata las próximas semanas es de mantener ese compromiso y hacer todo el esfuerzo junto con la sociedad civil catalana para que el referéndum pueda celebrarse.

¿O sea que no las tiene todas consigo?

-Hasta ahora el Gobierno español ha estado aplicando el Código Penal y los tribunales como la única respuesta a lo que es una demanda democrática. Esto no es de recibo. Pero además el Gobierno español y el conjunto de las fuerzas políticas españolas han sido incapaces durante estos años de plantear una sola propuesta seria sobre el futuro político de Catalunya. No creo que eso vaya a cambiar en las próximas semanas sino que vamos a constatar de nuevo esa vocación de utilizar el Código Penal y el Tribunal Constitucional para impedir el derecho a decidir.

¿Con qué legalidad pretenden dar cobertura al referéndum?

-El Parlament catalán tomará los próximos días y semanas una serie de decisiones que proveerán los marcos legales que hagan posible ese referéndum. Hay que estar atento a las decisiones que se tomen en el Parlament en los días venideros.

¿Será una legalidad catalana?

-A nuestro entender el Parlament de Catalunya tiene capacidad para construir esta decisión de carácter político. Pero lo más relevante será que el Parlament no esté solo, sino que esté acompañado por la mayoría de la sociedad catalana. Si es así, este proceso estará legitimado por el conjunto de la ciudadanía de Catalunya.

¿Supone un revés para el procés la marcha atrás de Podemos y el partido de Colau a apoyar un referéndum unilateral y sin garantías?

-Estamos convencidos de que cuando llegue el momento, si en el Parlament hay una mayoría de ciudadanos que nos acompañan en el procés, Ada Colau y su partido van a estar ahí. No tengo ninguna duda de que finalmente, si hacemos las cosas bien, los apoyos sociales y políticos que van a acompañar al Parlament van a ser más amplios que la mayoría que forman Junts pel Sí más la CUP. Al final estoy seguro que va a pesar más la vocación democrática del partido de Colau que un cálculo partidista.

¿Sería aceptable que participará menos de la mitad del censo?

-Debemos ser mucho más ambiciosos. Necesitamos mayorías lo más amplias posibles. Nuestra ambición debe ser superar el 50% y superarlo con holgura. Habrá que trabajar para que también los partidarios del no a la independencia puedan ejercer su derecho. También ellos tienen derecho a movilizarse y exponer sus argumentos.

Si el Gobierno español impide el referéndum, ¿el siguiente hito será una declaración unilateral de independencia o unas elecciones autonómicas?

-Habrá que tomar las decisiones en su momento. No hay que precipitarse. Hoy estamos con una puerta abierta al diálogo, si es que el Gobierno español la quiere, con vocación de realizar el referéndum. Ahora mismo estamos en ese escenario. Pero en cualquier caso, lo que se haga deberá tener el apoyo en las urnas de los ciudadanos.

¿Ve margen para evitar el choque de trenes que parece inevitable?

-Siempre hay que dejar margen para el acuerdo. Después del referéndum, al día siguiente habrá que continuar con el diálogo y el acuerdo. Estoy convencido de que el Estado, más pronto o más tarde, se va a sentar a negociar con las instituciones catalanas.¿Debe ir Puigdemont al Congreso de los Diputados a explicar su propuesta incluso sin un pacto previo con el Gobierno español sobre el referéndum?

-Lo que no quiere el president es hacer un ejercicio político en el Congreso que lleve a constatar que existe una mayoría de los diputados que están en contra de que los catalanes podamos ejercer el derecho a decidir. Eso no sería ninguna solución a nada, sería constatar de nuevo que el bloqueo político existe. Otra cosa es que el president Puigdemont, en un formato que habría que estudiar, contase en el Congreso cuál es la posición del Govern y del Parlament. Ese sería otro escenario. Pero un escenario en el que la mayoría del Congreso se pronunciase en contra del criterio de la mayoría del Parlament no es un escenario que apunte a soluciones, sino que expresa la dimensión del problema actual.

Entonces, ¿no descartan que Puigdemont pudiera ir al Congreso para explicar su propuesta?

-Lo que no tiene sentido es una votación cuyo resultado sabemos de antemano y que no sirve para nada. Que haya un espacio en el que el president Puigdemont pueda expresar su opinión es algo que está encima de la mesa. Habría que ver en qué condiciones se produce eso.

¿Están hablando con el PP para ver cómo puede ir Puigdemont al Congreso?

-No, hemos tenido algún cruce de opiniones pero no hemos tenido ninguna negociación.

¿Pero no descartan que pudiera darse?

-Evidentemente, no.

¿Sería canjeable el referéndum por alguna oferta al pueblo catalán en términos de reconocimiento de la nacionalidad catalana, revisión del Estatut, una mejor financiación o fiscalidad??

-Ojalá hubiese una oferta por parte de las instituciones españolas y si la hubiese debería ponerse a consideración de los catalanes junto con la opción de la independencia. Aquí lo relevante es entender que el futuro de Catalunya lo debemos decidir los catalanes.

¿Le ha defraudado el PNV al haber apoyado a Rajoy a aprobar lo Presupuestos para 2017 y garantizarle así estabilidad para parte de la legislatura?

-El PNV ha aprovechado muy bien su posición estratégica en el Congreso de los Diputados en defensa de los intereses de la sociedad vasca. Partiendo del hecho de que Euskadi y Navarra tienen algo que por desgracia Catalunya no tiene: en la práctica, fiscalmente son países independientes. Esto permite al PNV un tipo de relaciones políticas como la que ha tenido en esta ocasión. Por nuestra parte, tienen todo el respeto por lo que han hecho, pero hay que subrayar que los Presupuestos que se han aprobado son malos para Catalunya, aunque no dudo que serán buenos para Euskadi.

El president Carles Puigdemont dijo tras el acuerdo sobre el Cupo entre los Gobiernos vasco y español aquello de que “hay quien cobra por ser español y quien paga por serlo”. ¿Les ha decepcionado la posición del Gobierno Vasco?

-No. El Gobierno Vasco y el PNV defienden los intereses de Euskadi. Los diputados y senadores del PNV han sido elegidos para defender los intereses de Euskadi, no los de Catalunya. Dicho esto, no oculto que los presupuestos son malos para Catalunya, para su industria, sus infraestructuras? Que nos gustaría que el PNV hubiera dicho “no” a estos Presupuestos, evidentemente. Pero el PNV defiende los intereses de Euskadi, no los de Catalunya.

¿Se ha enfriado la relación entre su partido y el PNV?

-En absoluto, mantenemos una excelente relación política y una mejor sintonía personal con Aitor Esteban y su equipo. Cada uno entiende que el otro desarrolla sus estrategias en función de las necesidades de sus países. En el fondo sabemos que unos y otros compartimos el mismo deseo de que nuestros pueblos sean algún día libres.

¿Tiene recorrido la vía de la bilateralidad que promueve el lehendakari Urkullu para avanzar en el autogobierno vasco?

-Le deseo los mayores éxitos posibles a esa vía. Mi deseo es que Euskadi, que en la práctica a través del sistema del Concierto económico es ya un país casi independiente, pueda ganar mayores cuotas de soberanía y de capacidad de decisión. La sociedad vasca ha apostado por que eso se encauce de forma bilateral y yo no puedo mas que respetarlo.

¿Hay alguna posibilidad de que Catalunya abandone la vía unilateral y transite por la bilateralidad, o ya no hay marcha atrás?

-La cuestión es que ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos tienen una propuesta concreta para el futuro político de Catalunya. Unos nos ofrecen el inmovilismo, otros continuar retrocediendo y otros vaguedades genéricas sin concreción. Hoy el único proyecto político que existe sobre el futuro de Catalunya es el proyecto de la independencia. Ojalá hubiera encima de la mesa una discusión en la que unos defendieran la bilateralidad y otros defendiéramos la independencia. Si alguien lo pone encima de la mesa, deberán ser los catalanes los que decidan entre ambas opciones.

¿Le parece un privilegio el Cupo vasco?

-No. El Cupo responde a un derecho reconocido en la Constitución, que tiene que ver con derechos históricos de la sociedad vasca.

¿Cómo es la relación del PDeCAT con su socio de gobierno ERC?

-ERC y el PDeCAT compartimos gobierno en unos momentos complejos. Si esto sale bien va a ser un éxito de todos y si no va a ser un fracaso compartido.

Las encuestas pronostican un batacazo del PDeCAT en unas elecciones autonómicas y que será ERC la que saque provecho electoral de todo esto.

-Tenemos más confianza en nosotros mismos de lo que predicen las encuestas y cuando toque vamos a trabajar para que los ciudadanos entiendan y apoyen lo que hemos hecho en los últimos tiempos.

En sus 21 años como diputado en el Congreso, ha visto que su partido ha jugado en el Congreso un rol diferente al de ahora, un rol más pragmático y de búsqueda de acuerdos, y menos de oposición. ¿Con cuál se siente más cómodo?

-Cada tiempo tiene su afán y sus circunstancias. Ahora estamos en unas circunstancias muy concretas y trabajamos para apoyar las decisiones que se toman en Catalunya en relación al derecho a decidir. Nuestra vocación es hacerlo compatible con la defensa de los intereses de la sociedad catalana. Y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a poder hacerlo combinando las dos cosas: apoyando aquello que se decida en Catalunya y defendiendo los intereses económicos, sociales y culturales de Catalunya.