donostia - Cuatro alcaldes de Errenteria de distintas épocas y pertenecientes tanto a la izquierda abertzale como al PSE han hecho pública una declaración conjunta en la que piden que los tres jóvenes del pueblo que se encuentran encarcelados bajo la acusación de participar en los graves altercados de Iruñea en marzo no sean juzgados por la Audiencia Nacional al tratarse de “hechos investigables y enjuiciables por la jurisdicción ordinaria”.

El texto fue dado a conocer ayer en una comparecencia celebrada en la casa consistorial. En ella tomaron parte los exregidores socialistas Adrián López y Juan Carlos Merino; Xabi Olaizola, de Herri Batasuna, y el actual presidente de la corporación, Julen Mendoza, de EH Bildu.

En la declaración, los alcaldes reprueban en primer lugar “los hechos violentos y los destrozos” ocurridos aquella jornada en Iruñea, “así como cualquier tipo de expresión de violencia”.

En segundo lugar, abogan por que en el actual tiempo político la interpretación de las normas se haga eco de “la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas”, excluyendo “interpretaciones extensivas” que perjudiquen a las personas. Los alcaldes entienden que el objetivo a la hora de interpretar la norma debe enfocarse “al resultado más justo del hecho enjuiciable” pero “a su vez a la consolidación de una realidad social que se caracteriza por un nuevo tiempo de paz”. Es por este nuevo contexto sociopolítico en el que vive el país por el que consideran que los incidentes de la capital navarra deben ser instruidos desde la jurisdicción ordinaria “y no por la Audiencia Nacional, con las consecuencias inherentes respecto a la situación de privación de libertad de los jóvenes”.

En el transcurso de aquellos incidentes, que se registraron en la parte vieja de la capital navarra al término de una manifestación convocada por Errepresioari Autodefentsa, un colectivo apoyado por varias siglas (ATA entre ellas), fueron detenidos por la Policía española cuatro jóvenes de Errenteria, uno de ellos menor de edad, que fue puesto en libertad a las pocas horas. Los otros tres ingresaron en prisión en base a que el fiscal y el juez instructor del juzgado nº4 de Iruñea entendían que se trata de un caso de terrorismo. Por ello, el juzgado navarro se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. - E. Iribarren