BARCELONA. Durante una declaración institucional en la Cámara tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha proclamado que este proceso judicial no frenará que vuelva a tomar decisiones como las que tomó: "Si este es el precio que tenemos que pagar para garantizar que el Parlament esté libre de injerencias, lo pagaremos gustosamente".
Ha transmitido a la magistrada que los miembros de la Mesa investigados no tienen "nada que esconder" y que permitió el debate sobre las iniciativas sobernanistas para garantizar la libertad de expresión de los 135 diputados de la Cámara.
Forcadell ha explicado que permitió votar una resolución sobre el referéndum de independencia porque considera su deber que el Parlament pueda debatir y votar sobre todo, y ha asegurado que, de haberlo vetado, hubiera actuado como "un Tribunal Constitucional en miniatura".
Ha recordado que en un debate previo a esta polémica votación, tanto el presidente Carles Puigdemont como los grupos debatieron abiertamente sobre el referéndum, y ha concluido: "Si fue lícito hablar del referéndum, ¿cómo no tenía que ser lícito aceptar una resolución que hablara del referéndum?".
Así, reitera el argumento que siempre ha esgrimido ante el proceso judicial abierto contra ella: que su función es ordenar el debate de la Cámara, no discriminar qué iniciativas pueden debatirse y cuáles no: "La función de la Mesa es favorecer el debate y no coartarlo".En alusión velada al Gobierno central, también ha cargado contra los que "son incapaces de afrontar políticamente los problemas políticos" y los llevan ante los tribunales, y ha agradecido todas las muestras de apoyo recibidas este lunes antes de ir a declarar, desde las ciudadanas a las institucionales.
AL TRIBUNAL
Ha dicho que ha declarado "con la cabeza bien alta y la tranquilidad que los miembros de la Mesa han actuado correctamente en todo momento y de acuerdo con las funciones" que tienen asignadas, y ha calificado de anomalía democrática que esto haya acabado en los tribunales.Ha reiterado que considera que su decisión de debatir las iniciativas soberanistas está amparada por el principio de la inviolabilidad parlamentaria: "Corresponde al tribunal garantizar esta inviolabilidad".
"Hablar no es un delito, debatir no es un delito, votar no es un delito", y ha lamentado que un tribunal les cite a declarar a ella y otros cuatro miembros de la Mesa cuando, por el contrario, debería trabajar para velar por su inviolabilidad.
ANNA SIMO: "40 AÑOS DE PLOMO"
También ha prestado declaración este lunes ante el TSJC la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, que ha manifestado que es una "anomalía en el marco democrático" haber tenido que comparecer ante la juez, y ha defendido que su función es proteger y preservar los derechos fundamentales de los diputados.
"Nos ampara una garantía, no un privilegio: la garantía de la inviolabilidad parlamentaria, como prevé el Estatut, el reglamento del Parlament y toda la jurisprudencia y derecho internacional", ha recalcado Simó, tras reivindicar que la separación de poderes es la garantía del ejercicio democrático.En su opinión, lo ilegal hubiera sido coartar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados, y ha aprovechado para recordar que la libertad de expresión es un derecho irrenunciable que merece "una protección especial en el Parlament porque, durante 40 años de plomo, vio limitada su acción política".
