madrid - La sombra de la corrupción en el seno del PP sigue aumentando. Y alcanza a una comunidad autónoma en la que sus dirigentes populares se jactaban de tener un expediente inmaculado. La Fiscalía Anticorrupción apuntó ayer a la existencia de una trama organizada para obtener jugosos beneficios por la instalación de parques eólicos en Castilla y León. El Ministerio Público acusa a 21 personas por los presuntos delitos de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Entre los investigados figuran el exviceconsejero de Economía de la Junta Rafael Delgado o Alberto Esgueva, antiguo alto cargo de la Consejería de Economía. Las comisiones desveladas sumarían en torno a los 80 millones de euros.

Anticorrupción llevaba años tras la pista de la presunta trama, que pivotaría en torno a Delgado. El ex alto cargo de la Junta catellanoleonesa “exigía” a los promotores que desarrollaban parques eólicos “ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%”, según ayer destapó El Confidencial. Los receptores de esas mordidas serían empresas locales controladas por personas cercanas a Delgado, que obtendrían pingües beneficios. Los antiguos responsables públicos, por su parte, lograron “un beneficio desproporcionado carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial”.

Esgueva, que dirigía la empresa pública Excal -la oficina de internacionalización de la Junta dirigida por Juan Vicente Herrera (PP)- era una pieza clave en el entramado, ya que una empresa que puso en marcha junto a su hermano, denominada Industrias San Cayetano, está en el epicentro del caso; tanto es así que Anticorrupción calcula que ha llegado a embolsarse hasta 47 millones. No obstante, era Delgado quien desde 2004 controlaba directamente la emisión de autorizaciones para la instalación de los parques eólicos en una comunidad cuyos suelos albergan la cuarta parte del total de poten cia eólica en el Estado. Ello le permitió “manipular la tramitación de los expedientes al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa”, agrega el escrito fiscal.

comisión de investigación La querella de Anticorrupción llega avalada por el fiscal general del Estado, Manuel Moix, y también afecta a algunos directivos de las empresas que gestionaron la instalación de los parques eólicos, como Iberdrola o Collosa. Pese a que la Fiscalía diera ayer el paso de presentar la denuncia en un juzgado de Valladolid, la trama eólica fue objeto de la apertura de una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León en noviembre de 2015. Los trabajos quedaron paralizados por el PP de Juan Vicente Herrera, que no repetirá como presidente de la Junta. En un acto celebrado ayer en Lerma (Burgos), Herrera aseguró que prestará la “máxima colaboración” con la Fiscalía Anticorrupción para aclarar el caso. Además, expuso la necesidad de “respetar los tiempos de la administración de justicia, que ojalá sean rápidos para que el que haya incumplido la ley lo pague con las penas correspondientes”. “La corrupción nos hace mucho daño a todos pero es una excepción que tienen que depurar los tribunales de Justicia, en los que confiamos plenamente”, apostilló. - DNA