Poco podía imaginar ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que sería llamada a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con el fin de ampliar información sobre la operación Lezo, que investiga el presunto desvío de fondos públicos por parte de personas vinculadas al anterior Gobierno de la Comunidad, y por el que fue detenido el expresidente Ignacio González. Gracias al cargo que ostenta, Cifuentes puede declarar por escrito, por lo que el magistrado se personó por la tarde en la sede del Gobierno regional para entregarle el cuestionario. Sin embargo, el nerviosismo era patente en la regidora durante la breve declaración que realizó ante los medios para referirse a la operación que deja más que tocado al PP madrileño.

La actual mandataria de la Comunidad se mueve en un difícil equilibrio. Llamada a desempeñar un papel destacado en el PP y erigida en azote de la corrupción, los casos que vienen sucediéndose en la capital del Estado amenazan con algo más que salpicarla. El de ayer es un ejemplo claro de ello, por las diferentes interpretaciones del papel desempeñado por Cifuentes. Por un lado, la operación Lezo procede en parte de la documentación que su Gobierno trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras detectar “anomalías” en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica.

Pero, por otro, la causa judicial por estas irregularidades se abrió un año antes de la investigación interna que fue anunciada en mayo de 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Más aún, partidos como Podemos recordaron ayer que la exdelegada del Gobierno español en la Comunidad de Madrid era consejera del Canal de Isabel II “cuando se aprobó una de las operaciones” por las que González fue detenido. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, agregó que “deberá dar muchas explicaciones” por ello y anunció que su partido solicitará su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política.

Fruto de esta situación, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ofreció a PSOE y Ciudadanos la posibilidad de presentar una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, para que esta iniciativa salga adelante, la formación naranja debería dejar de apoyar al Gobierno popular, algo que descartó ayer mismo. En una declaración de urgencia realizada por la mañana, de poco más de tres minutos, la regidora madrileña defendió que “desde la Comunidad de Madrid estamos colaborando absolutamente con la Justicia. En su momento remitimos a la Fiscalía una información referida al Canal de Isabel II y desde ese momento hasta el momento actual y en el futuro nuestra colaboración ha sido, es y será absoluta”.

Esta operación tuvo una derivada sorprendente con la citación como investigados del director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, y del presidente de este medio, Mauricio Casals, por presuntas coacciones a Cristina Cifuentes, por lo que deberán acudir hoy a las 12.00 horas a la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación apuntan a que supuestamente la presionaron para que no denunciara las irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II.

El juez Velasco les cita a declarar en virtud del artículo 464 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a cuatro años para todo aquel que utilice la “violencia o intimidación para intentar influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal”.