una de las consignas más repetidas en la apoteosis del pasado sábado en Baiona fue el apoyo a las personas presas en las cárceles españolas y francesas y la reivindicación de su vuelta a casa. Una demanda con distintas interpretaciones que abarcaban desde el fin de la dispersión hasta la amnistía, pasando por la excarcelación de los enfermos graves y la aplicación de los grados penitenciarios. Se venía a decir que ETA ya ha cumplido, que ya no puede haber justificaciones ni pretextos para mantener la actual política penitenciaria vengativa. A juzgar por las declaraciones anteriores y posteriores de los dirigentes de la izquierda abertzale, no cabe duda de que la estrategia a seguir en este momento va a estar centrada en esa reivindicación. Ahora toca.

Independientemente de las distintas interpretaciones que puedan confrontarse en el seno de la izquierda abertzale -atención a las consignas de “presoak etxera” como amnistía irrenunciable de ATA y a las distintas posiciones en el seno del EPPK-, el nuevo ciclo abre unas expectativas para los presos y sus familiares que, si no se controlan pueden dar origen a una grave frustración y una ansiedad, con un reflejo negativo para la convivencia.

Esto es así porque las reacciones previas y posteriores al 8 de abril por parte del Gobierno español, del partido que lo sustenta y del orfeón mediático que le sirve, han sido rabiosamente contrarias -y vigilantes- a la más mínima cesión que vaya a ser interpretada como a cambio del desarme de ETA. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha tenido un papel muy subsidiario en este episodio -como mucho, el de mirar para otro lado-, ha prodigado declaraciones y pronunciamientos dando sensación de firmeza: ni un paso atrás, ni una contemplación en materia penitenciaria, ni una foto de aproximación.

Quienes pretenden basar su estrategia en una relajación al máximo de la política penitenciaria -“presoak etxera” como consigna decisiva-, van a comprobar que el Gobierno español está preso de su propia doctrina. Para el PP y sus más destacados estrategas -Mayor Oreja, Aznar, Acebes, Fernández Díaz?-, la cárcel para los etarras es como el infierno del Dante: “¡Perded toda esperanza los que entráis en él!”. Durante demasiado tiempo se ha blandido la maldición “¡Que se pudran en la cárcel!”, como para comenzar a desandar lo andado.

No es realista esperar que de repente, ni por el desarme ni por la disolución de ETA, vayan a aflojar. Menos aún mientras haya quienes detecten el más mínimo cambio en la política penitenciaria y lo puedan vincular a la escenificación del 8 de abril de 2017. El PP se juega demasiado como para arriesgarse a cualquier modificación que pueda interpretarse como consecuencia del desarme de ETA.

Algunas asociaciones de víctimas como la AVT o Covite siempre han mostrado una actitud radical con respecto a la convivencia, o connivencia, con la más mínima actitud de reconciliación. Y el PP, a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, decidió rentabilizar el dolor de las víctimas entendiéndolas como banderín de enganche electoral y alardeó de ello como sostén de su política. Teniendo esto en cuenta, ni la feroz intransigencia de la AVT y Covite, ni el aliento mediático que les apoya, ni la consigna de Mayor Oreja de que “las víctimas siempre tienen la razón”, permiten vislumbrar un cambio en la política penitenciaria a corto plazo. El Gobierno del PP necesita tiempo, mucho tiempo, para destejer lo que durante tantos años ha tejido y tantos réditos electorales le ha proporcionado.

Es lógico que el sector social que se mueve en el apoyo a las personas presas vinculadas con ETA haya salido rebosante de euforia tras la concentración de Baiona. Es, también, lógico que esa euforia se haya incrementado tras la declaración de intenciones de dirigentes políticos vascos por un cambio en la política penitenciaria como reivindicación unívoca, sentida y compartida. Pero también puede entenderse como lógica -aunque profundamente injusta- la demora del Gobierno español para cualquier cambio en su política penitenciaria mientras pueda interpretarse, que se interpretará, como contrapartida al desarme de ETA.

Va a ir para largo, y ello acarreará un riesgo evidente de impaciencia, un sentimiento de frustración, un peligroso ambiente de inestabilidad que pudiera acabar en nuevos enfrentamientos.