gasteiz - Lo avanzó el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, tras la reunión de los consejeros del pasado martes, y ayer lo ratificó el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Pleno de control de la Cámara de Gasteiz. En respuesta a la pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo, Urkullu aseguró que las negociaciones entre los gobiernos vasco y español sobre el Cupo, cuyo método de cálculo lleva diez años desfasado, progresan adecuadamente. “Hemos podido constatar avances, tanto en el ámbito de la liquidación de los cupos pendientes desde 2007, como en las bases para la metodología de señalamiento del Cupo 2017-2021”, aseguró el lehendakari.

Urkullu respondía así ante la preocupación de la coalición abertzale, para la que la negociación sobre el Cupo se está llevando a espaldas del Parlamento y como moneda de cambio para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno en minoría de Mariano Rajoy. Según el lehendakari, las conversaciones se desarrollan “en el ámbito propio de negociación de las comisiones de trabajo de los dos gobiernos, y no de otro ámbito de negociación”, y aseguró que “una vez alcanzado el acuerdo”, éste se ratificará en la Comisión Mixta, que integran el Gobierno Vasco y las diputaciones. El siguiente paso será la aprobación en el Congreso de los Diputados, “y precisamente creo en el papel de los grupos de este Parlamento que cuentan también con representación en el Congreso”, señaló Urkullu, quien además aseguró que la Cámara de Gasteiz también será informada “cuando corresponda”.

Según el lehendakari, los avances en las negociaciones no se ciñen solo al Cupo -que Lakua calcula en 850 millones anuales y Madrid en 1.202-, sino que además se extienden a las liquidaciones pendientes de las políticas activas de empleo y al fondo social europeo. “Nuestro empeño es alcanzar un acuerdo, normalizar las relaciones con el Gobierno español y poder regularizar financieramente las discrepancias existentes para consolidar la vía de la relación bilateral efectiva”, afirmó.

La resolución de la discrepancias sobre el Cupo es una de las prioridades del Gobierno Vasco en esta legislatura, como señaló Erkoreka el martes, puesto que estas facturas que Euskadi paga al Estado por los servicios no transferidos a Euskadi forman parte del núcleo del régimen foral en el que se sustenta la autonomía vasca. Desde 2007 se calculan esas facturas según un baremo que expiró en 2011, por lo que hay que establecer la metodología del periodo 2012-2016 y ejecutar la correspondiente liquidación, y firmar un acuerdo para el siguiente quinquenio.

En todo caso, en EH Bildu consideran que si ahora hay avances tras diez años de desacuerdos es porque “el Gobierno de España tiene problemas para sacar adelante sus Presupuestos”, dijo Leire Pinedo, y por tanto “nada que ver ni con la bilateralidad ni con el respeto al autogobierno vasco”. Así, criticó, el posible acuerdo “no parece fruto de esa mesa de equipos técnicos de ambos gobiernos, sino de las negociaciones entre dos partidos, PP y PNV, para un posible acuerdo que este Parlamento desconoce; hay que cambiar esta forma de negociar, es preciso que este Parlamento conozca las bases, contenidos y plazos de las negociaciones sobre el Cupo”.

el peso del pnv en el congreso Por otro lado, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, celebró ayer en el Parlamento la vuelta “a la normalidad” que a su juicio ha supuesto el desbloqueo a las OPE de la Ertzaintza, que permitirá a lo largo de la legislatura acercar la plantilla de la Policía vasca a los 8.000 efectivos pactados en la Junta de Seguridad. Actualmente hay 7.640 ertzainas y se prevé que en los próximos cuatro años se jubilen cerca de 1.300 agentes.

Beltrán de Heredia recordó estas cifras en respuesta al parlamentario del PNV Iñigo Iturrate, quien denunció el hecho de que se haya hecho de las OPE de la Ertzaintza un obstáculo insalvable durante años para luego solucionarlo “en un sencillo acto administrativo el pasado 31 de marzo en el Consejo de Ministros; se aducía que era imposible de aceptar, incluso se llegaba a afirmar que vulneraban la legalidad, y resulta que de la noche a la mañana se resuelve”.

Para Iturrate, el acuerdo aprobado por el gobierno español el pasado 31 de marzo constata “una realidad probada durante todos estos últimos años”, que “los votos del PNV en el Congreso son capaces de mover las voluntades más enrocadas cuando se trata de que el Gobierno español de turno no tiene mayoría absoluta. Y esto no debiera de ser necesario para el cumplimiento del Estatuto”, criticó.

Por su parte, Beltrán de Heredia recordó que los 250 agentes de la Promoción 25ª, ahora en prácticas, serán funcionarios de carrera en septiembre tras el desbloqueo a su OPE; “29 meses después del día en que se inscribieron en la convocatoria. Y en el mejor de los casos, este periodo será de más de 38 meses para los que están inscritos e inscritas en la promoción número 26. Esto no tenía sentido, no tenía ningún sentido”, afirmó.